En política, pocas cosas son tan poderosas como una duda sembrada en el momento oportuno. No hace falta una denuncia formal, una orden de aprehensión o una sentencia judicial. Basta una publicación en un medio de prestigio internacional para alterar la conversación pública, obligar al gobierno a responder y colocar a determinados actores bajo sospecha.
Eso ocurrió con el reciente reportaje de The New York Times, que señala una presunta colaboración de gobernadores e integrantes de Morena con autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de inmediato: aseguró que su gobierno no tiene conocimiento de dichas investigaciones y cuestionó que el reportaje se sustentara en fuentes anónimas. Por su parte, Alfonso Durazo, uno de los señalados, rechazó categóricamente las acusaciones.
Sin embargo, el verdadero debate no consiste en decidir si debemos creerle al periódico o al gobierno. El fondo del asunto es otro: vivimos en una época en la que la percepción suele imponerse a la evidencia. Hoy, una filtración puede influir en la opinión pública mucho antes de que exista una carpeta de investigación, una acusación formal o una sentencia.
Las filtraciones han sido una herramienta valiosa para el periodismo de investigación. Casos como el de Odebrecht, gracias a fuentes protegidas que permitieron revelar redes de corrupción de gran alcance. Pero también es cierto que una filtración puede utilizarse para ejercer presión, enviar mensajes políticos o moldear la agenda pública. La diferencia entre una investigación seria y una operación de percepción sólo puede establecerse con pruebas.
México enfrenta, además, un contexto particularmente delicado. La relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico. Durante la reciente cumbre del G7, el presidente Donald Trump afirmó que «los cárteles controlan grandes zonas de México» y describió a Claudia Sheinbaum como «una buena mujer», aunque «muy asustada» frente al crimen organizado. Más allá del tono de sus declaraciones, el mensaje proyecta hacia el exterior la imagen de un Estado debilitado.
En ese escenario, cualquier publicación que cuestione la integridad de funcionarios mexicanos adquiere una dimensión política que rebasa nuestras fronteras. Esto no significa que exista una estrategia coordinada entre medios de comunicación y gobiernos extranjeros; afirmarlo requeriría pruebas. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que, cuando distintos actores terminan reforzando una misma percepción, el efecto político suele ser mayor que la suma de sus declaraciones.
A ello se añade el escenario preelectoral. Aunque las elecciones intermedias de 2027 aún no se celebran, la disputa por la opinión pública comenzó hace tiempo. Morena buscará conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y mantener posiciones clave en los estados, mientras la oposición intentará reducir la fortaleza política del oficialismo. En ese contexto, la legitimidad del gobierno se convierte en uno de los activos más valiosos en la contienda.
La historia demuestra que un gobierno cuya legitimidad se debilita pierde capacidad de negociación, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En la relación bilateral con Estados Unidos, la percepción de un Estado incapaz de contener al crimen organizado ha servido, en distintos momentos, para justificar mayores presiones diplomáticas e incluso planteamientos que buscan ampliar la participación estadounidense en asuntos que corresponden a la soberanía mexicana.
Por eso conviene evitar los extremos. El prestigio de un medio de comunicación no sustituye la necesidad de pruebas, como tampoco un desmentido oficial basta para cerrar una investigación periodística. En una democracia, la evidencia debe prevalecer sobre las percepciones.
Porque cuando las sospechas pesan más que los hechos, los titulares terminan dictando sentencia antes que los tribunales. Y cuando la percepción sustituye a la evidencia, no sólo está en juego la reputación de un gobierno o de un partido político; también puede erosionar la legitimidad del Estado mexicano y abrir espacio para presiones externas que, en otras circunstancias, difícilmente serían aceptadas.
Nos leemos.
