La grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón apunta a posibles reuniones con representantes de agencias estadounidenses; hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el alcance del caso.
Una presunta conversación telefónica atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue difundida este lunes en medio del caso relacionado con la cancelación de su visa estadounidense.
El fragmento fue publicado por el periodista Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, y retomado por medios locales. En la grabación se escucha una conversación en la que presuntamente se habla de reuniones con representantes de agencias de Estados Unidos y de posibles gestiones legales para atender su situación.
De acuerdo con el contenido difundido, durante la llamada se menciona la posibilidad de sostener una reunión en oficinas del Consulado de Estados Unidos en Tijuanaijuana, a la cual la mandataria podría acudir acompañada de sus abogados.
En el audio también se hace referencia a términos relacionados con posibles “sanciones” o “cargos”; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre una investigación formal, acusación o procedimiento específico contra la gobernadora.
En la presunta conversación, Ávila Olmeda habría señalado que su abogado es Michael Nadler, con sede en Miami, Estados Unidos.
Según lo publicado por De Mauleón, Nadler es exfiscal del Distrito Sur de Florida y habría participado en casos de alto perfil. La gobernadora, de acuerdo con el audio difundido, habría buscado asesoría legal fuera de Baja California para evitar filtraciones relacionadas con su situación.
Hasta el momento, Marina del Pilar no ha emitido un posicionamiento público específico sobre la grabación difundida.
Agencia Fronteriza de Noticias informó que buscó una respuesta de la mandataria estatal, pero se indicó que se encontraba atendiendo la mesa de seguridad con autoridades y elementos de las fuerzas armadas.
La filtración vuelve a colocar bajo presión pública la situación de la gobernadora frente a Estados Unidos, especialmente por el peso político, institucional y binacional que tiene Baja California.
El caso también abre preguntas sobre la necesidad de mayor claridad pública, debido a que involucra a una mandataria estatal, autoridades estadounidenses y un tema sensible para la relación fronteriza.
Hasta que exista un pronunciamiento oficial, los señalamientos derivados de la grabación deben ser tratados como información atribuida a una filtración y no como hechos legalmente confirmados.
