Hay principios que sostienen a una sociedad civilizada. Uno de ellos es la presunción de inocencia. Suena técnico y jurídico. Pero en realidad es algo muy simple: significa que ninguna persona debe ser considerada culpable hasta que existan pruebas suficientes y una autoridad lo determine.
En otras palabras: acusar no es lo mismo que demostrar.
Ese principio está reconocido en el artículo 20 de la Constitución mexicana. Y existe por una razón profundamente humana: evitar que el miedo, la presión social, la política o las emociones destruyan la vida de personas inocentes.
Sin embargo, vivimos en una época donde muchas veces ocurre exactamente lo contrario.
Primero llega la condena pública; después, si acaso, viene el juicio.
La reciente defensa pública de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el derecho de Rubén Rocha Moya a ser considerado inocente mientras no exista sentencia volvió a poner este tema sobre la mesa. Jurídicamente, la postura es correcta: la presunción de inocencia aplica para todos.
Pero también dejó expuesta una contradicción que mucha gente percibe: ese principio parece invocarse con fuerza cuando el acusado pertenece al poder político, mientras que en otros casos basta una acusación pública para destruir reputaciones enteras.
Y ahí aparece uno de los debates más delicados de nuestro tiempo: ¿cómo proteger a quien denuncia sin destruir automáticamente a quien es acusado?
Porque hoy existe una tensión social enorme entre dos ideas importantes: proteger a las posibles víctimas, y respetar la presunción de inocencia.
En delitos sexuales, violencia familiar o abuso de poder, muchas instituciones han decidido dar credibilidad inicial a quien denuncia para evitar que las víctimas reales sean ignoradas o humilladas. Por eso frecuentemente se utilizan términos como “víctima” o “persona afectada” incluso antes de una sentencia.
El problema es que el lenguaje también tiene consecuencias.
Porque cuando públicamente alguien ya es presentado como “víctima”, de manera indirecta la sociedad empieza a asumir que necesariamente existe un “culpable”. Y entonces el juicio social comienza antes del judicial.
Basta una denuncia viral, una filtración o una conferencia de prensa para que una persona pierda empleo, familia, reputación o tranquilidad. Aunque años después sea declarada inocente, el daño social muchas veces ya es irreversible.
Pero las consecuencias pueden llegar todavía más lejos.
Cuando una sociedad deja de respetar la presunción de inocencia, también comienza a normalizar el odio colectivo. Y el odio colectivo suele buscar culpables rápidos, no verdades comprobadas.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, miles de musulmanes fueron tratados como sospechosos únicamente por su religión o apariencia. Según el FBI, los delitos de odio contra musulmanes aumentaron más de 1,600% entre 2000 y 2001. Mezquitas fueron vandalizadas, personas golpeadas y familias enteras estigmatizadas.
Y cuando la condena social se alimenta diariamente desde discursos políticos, redes sociales y medios de comunicación, el ambiente puede escalar hacia la violencia física.
Estados Unidos ha vivido en los últimos años varios episodios de violencia política alimentados por polarización extrema y deshumanización pública. El atentado contra Donald Trump durante un mitin en Pensilvania en 2024 mostró cómo el discurso permanente de odio puede terminar cruzando la línea hacia la violencia real.
En México también comenzamos a ver señales preocupantes. Recientemente, la casa donde residía Rubén Rocha Moya fue atacada a balazos en medio del clima de tensión política y acusaciones públicas en su contra. Independientemente de cualquier investigación o responsabilidad futura, el hecho refleja un deterioro grave del ambiente público: cuando la sociedad deja de confiar en las instituciones y empieza a asumir culpabilidades antes de los tribunales, algunos terminan creyendo que la violencia puede sustituir a la justicia.
Lo mismo ha ocurrido con iglesias, sinagogas y mezquitas atacadas por individuos que previamente absorbieron narrativas de odio colectivo. Cuando una sociedad deja de ver personas y comienza a ver “enemigos”, la violencia encuentra justificación moral.
Ese es el verdadero peligro de destruir la presunción de inocencia: la sociedad deja de analizar hechos y comienza a condenar identidades.
Y cuando eso ocurre, todos pierden: el ciudadano pierde seguridad jurídica, las minorías pierden protección, los grupos religiosos pierden tranquilidad, y la justicia pierde credibilidad.
Defender la presunción de inocencia no significa callar denuncias ni ignorar víctimas reales. Los delitos deben investigarse y castigarse. Pero investigar no es lo mismo que condenar antes de tiempo.
Una sociedad madura debe ser capaz de hacer ambas cosas al mismo tiempo: escuchar a quien denuncia y respetar el derecho del acusado a un juicio justo.
Porque el día que aceptamos que alguien puede ser destruido públicamente sin pruebas concluyentes, también aceptamos que mañana cualquiera podría ocupar ese lugar.
Nos leemos.
