En México llevamos décadas repitiendo que Iglesia y Estado están separados, pero cada vez que hay elecciones nos damos cuenta de que esa separación es más un discurso que una realidad. La política necesita votos; las iglesias tienen influencia social; y aunque en público lo nieguen, ambos han aprendido a convivir, a negociar y a usarse mutuamente.
Por eso lo que dijo un cardenal en Jalisco, sobre una supuesta relación entre el Partido Humanista y La Luz del Mundo, no puede verse como un simple comentario religioso. Es un mensaje profundamente político, con intención electoral y dirigido a personas muy concretas.
Cuando el cardenal dice que las iglesias no deben meterse en política y sugiere que algunas autoridades podrían estar favoreciendo a ciertos grupos religiosos por ‘clientes electorales’, su discurso parece defender la ley y las instituciones. El problema es que quien lo dice tampoco es neutral.
Porque si algo ha caracterizado a sectores de la Iglesia católica en México es justamente su habilidad para intervenir en política, abierta o discretamente, en elecciones municipales, estatales y federales.
La idea es clara: el cardenal no habla solo por preocupación moral o legal. También está disputando influencia política y control simbólico en un país donde el mapa religioso ha cambiado y donde nuevas iglesias están empezando a tener peso electoral.
Y ahí aparece la gran contradicción.
Porque es difícil creer en una defensa absoluta de la legalidad cuando durante décadas los líderes católicos han participado activamente en debates públicos que claramente influyen en las elecciones. Basta recordar sus posturas sobre el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual, las reformas constitucionales o esos llamados indirectos a votar por candidatos ‘que defiendan los valores cristianos’.
Aunque casi nunca lo dicen de forma explícita, el mensaje político suele estar muy bien calculado.
No es casualidad.
Las iglesias entendieron hace tiempo algo que muchos partidos aprendieron tarde: la fe moviliza más que muchos discursos políticos. Una iglesia tiene estructura en los barrios, liderazgo claro, canales de comunicación y lealtad de su gente. En lenguaje electoral: tiene capacidad de influir.
Por eso la frase ‘clientes electorales’ que usó el cardenal es tan delicada. Porque más que una reflexión religiosa, funciona como una acusación política encubierta contra las autoridades electorales y contra una iglesia en particular. No solo se trata de defender la Constitución; también parece querer desprestigiar a un actor religioso nuevo que ha ganado presencia social y visibilidad política.
Y eso muestra un trasfondo electoral evidente.
Según el Inegi, el porcentaje de mexicanos que se dicen católicos bajó muchísimo en las últimas décadas. En 1950 eran más del 98%; para 2020 apenas superaban el 77%. Al mismo tiempo, crecieron otras iglesias con presencia territorial fuerte y capacidad de movilizar a su gente.
En términos políticos, eso significa que la influencia se está repartiendo de nuevo.
Y cuando el poder se redistribuye, también aparecen peleas por el control de lo que se dice en los medios y en las campañas.
Eso sí, sería ingenuo pedir que los líderes religiosos se callen por completo ante los problemas públicos. Tienen derecho a opinar sobre violencia, pobreza, corrupción o mal gobierno. El problema es cuando esa opinión deja de ser orientación moral y se convierte en intervención política selectiva.
Justo ahí es donde el discurso del cardenal pierde fuerza moral y autoridad imparcial.
Porque quién ha influido durante años en procesos políticos desde el púlpito, los medios o la presión social, difícilmente puede presentarse ahora como el gran defensor de la legalidad electoral religiosa. Más aún cuando sus declaraciones no hablan en general, sino que apuntan directamente contra otra iglesia en medio de una pelea pública con evidente lectura política.
Al final, el verdadero debate no es si las iglesias participan en política. Eso ha pasado por décadas y en los tres niveles de gobierno. La verdadera discusión es quién puede hacerlo, a quién se le permite y en qué momento esa participación deja de verse como ‘orientación moral’ para convertirse en operación política disfrazada de preocupación institucional.
Porque en México, la relación entre religión y poder nunca desapareció. Solo aprendió a hablar con palabras más elegantes.»
Nos leemos.
