Las malas ideas nunca mueren; simplemente esperan a que alguien las desempolve, les cambie el empaque y las presente como si acabara de descubrir el futuro de la democracia.
La más reciente nos la regaló la supuesta docente universitaria Natalia Torres, quien sugirió que no todas las personas deberían votar y planteó la posibilidad de establecer un examen para obtener la credencial del INE. Después llegaron las aclaraciones, pero el debate ya estaba servido.
Y no es un debate menor.
La historia demuestra que cada vez que alguien ha querido poner requisitos para votar, el resultado ha sido el mismo: menos democracia y más exclusión.
Basta mirar hacia atrás. En Estados Unidos, las llamadas pruebas de alfabetización se presentaban como un mecanismo para garantizar un «electorado informado». En realidad, fueron utilizadas para impedir que la población afroamericana votará. En Mississippi, por ejemplo, apenas el 6.7 % de los ciudadanos afroamericanos con derecho a votar estaba registrado en 1964. Un año después, con la aprobación de la Ley de Derechos Electorales que eliminó esas barreras, el registro comenzó a crecer de manera acelerada.
¿Suena familiar?. Siempre hay un argumento elegante para justificar la exclusión. Antes fue la raza. Antes fue el sexo. Antes fue la propiedad. Hoy algunos creen que debe ser el conocimiento.
En México también conocemos esa historia. Hasta 1953, más de la mitad de la población (las mujeres) simplemente no podía votar en elecciones federales. Seguramente en aquella época también hubo quien sostuvo que todavía «no estaban preparadas» para participar en la vida pública.
La historia terminó desmintiendo a todos.
Y aquí aparece la gran contradicción. Si de verdad queremos aplicar exámenes para fortalecer la democracia, quizá estamos empezando por la fila equivocada.
¿Por qué no pedir un examen de historia a quienes prometen refundar el país cada seis años?
¿Uno de economía a quienes ofrecen repartir dinero como si el presupuesto fuera infinito?
¿Uno de derecho constitucional a quienes juran respetar la ley mientras buscan la primera oportunidad para darle la vuelta?
Lo curioso es que la Constitución no exige ninguno de esos requisitos para ocupar un cargo de elección popular. En cambio, sí reconoce el derecho de todos los ciudadanos a votar sin imponer filtros académicos. No es un descuido del legislador; es una decisión nacida de siglos de aprendizaje democrático.
Claro que nuestra democracia tiene problemas. Y muchos.
En la elección presidencial de 2024, poco más del 61 % de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal acudieron a votar. Es decir, casi cuatro de cada diez mexicanos decidieron no hacerlo, por apatía, desconfianza o cualquier otra razón. El verdadero reto quizá no sea descubrir cómo hacer que vote menos gente, sino cómo lograr que participe más.
Porque la democracia no mejora reduciendo ciudadanos. Mejora formando ciudadanos. Con mejores escuelas. Con educación cívica. Con instituciones fuertes. Con debates serios. Con políticos que convenzan con argumentos y no con ocurrencias.
Hay otra ironía imposible de ignorar. Quienes proponen poner examen para votar casi siempre están convencidos de que ellos sacarían diez. El reprobado, casualmente, siempre es el vecino. Nunca ellos. Así funciona la soberbia.
Al final, el voto no es un reconocimiento al más inteligente ni un premio al más informado. Es el recordatorio de que todos los ciudadanos tienen el mismo valor frente al Estado.
Y cuando alguien empieza a decidir quién merece ese derecho y quién no, quizá el examen ya no lo reprobó el ciudadano. Lo reprobó la democracia.
Nos leemos.
