La consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, explicó el procedimiento legal de extradición entre México y Estados Unidos, al tiempo que el gobierno federal acusó una violación al principio de confidencialidad en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria afirmó que la difusión pública de la acusación por parte de autoridades estadounidenses vulneró el principio de confidencialidad, lo que —dijo— derivó en un “linchamiento mediático”.
“Esta exposición prematura puede sesgar a las autoridades y contaminar pruebas”, señaló.
De acuerdo con la consejera, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de preservar la confidencialidad para garantizar la presunción de inocencia.
Alcalde detalló que la solicitud formal de extradición está regulada en el artículo 10 del tratado bilateral México–Estados Unidos, el cual exige pruebas que acrediten la probable comisión de un delito, así como una orden de aprehensión emitida por un juez.
En contraste, la detención provisional con fines de extradición —prevista en el artículo 11— aplica únicamente en casos de urgencia, cuando existe riesgo de fuga u obstaculización del proceso, y debe estar respaldada por elementos probatorios.
En el caso reciente, la funcionaria indicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presentó una solicitud formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional.
Tras analizar la petición, la Fiscalía General de la República concluyó que no existen elementos que acrediten la urgencia de la medida, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada.
Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a las autoridades estadounidenses información adicional, así como el respeto al principio de confidencialidad en el manejo del caso.
La FGR, por su parte, emitió una opinión en la que señala la necesidad de contar con elementos suficientes antes de presentar el caso ante un juez de control.
De acreditarse la urgencia, podría procederse a la detención provisional o a la imposición de medidas cautelares, lo que abriría un plazo de hasta 60 días para formalizar la solicitud de extradición.
El caso involucra a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las autoridades mexicanas han reiterado que se trata de un proceso en curso y que debe respetarse la presunción de inocencia.
