La iniciativa plantea crear una comisión permanente en el INE para revisar perfiles de aspirantes con apoyo de instancias de seguridad, inteligencia, justicia y sistema financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y crear un nuevo mecanismo de revisión de perfiles antes del registro de candidaturas federales y locales.
La propuesta plantea incorporar una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de realizar análisis de riesgo sobre personas que busquen competir por cargos de elección popular.
El punto central de la iniciativa es que partidos políticos y aspirantes independientes puedan entregar, de manera previa al registro formal, listas de perfiles para que sean analizados en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras.
De acuerdo con el proyecto, la revisión tendría como propósito detectar la existencia de un “riesgo razonable” sobre posibles vínculos con actividades delictivas.
Para ello, la comisión podría canalizar información a instituciones como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras instancias competentes.
Estas autoridades establecerían la metodología y criterios para evaluar los perfiles, con base en información indiciaria disponible.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que la entrega de listas por parte de partidos políticos o aspirantes independientes sería voluntaria y la información se manejaría bajo criterios de confidencialidad.
La Comisión de Verificación no revelaría detalles del asunto del que derive el riesgo, sino únicamente notificaría a partidos o aspirantes el número de instancias que hayan identificado un posible riesgo razonable.
Con esa información, los partidos políticos decidirían si proceden o no con el registro de las personas evaluadas como candidatas.
La propuesta abre un debate de alto impacto rumbo a las elecciones de 2027.
Por un lado, plantea un mecanismo para intentar impedir que perfiles vinculados con actividades ilícitas lleguen a las boletas. Por otro, deja preguntas sensibles sobre transparencia, criterios de evaluación, debido proceso y posible uso político de la información.
El carácter voluntario también será clave: si los partidos no están obligados a someter todos sus perfiles a revisión, el alcance real del filtro dependerá de la voluntad política de cada fuerza electoral.
Comisión permanente en el INE
La iniciativa también propone reformar el artículo 42 de la LGIPE para que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas funcione de manera permanente, al igual que otras comisiones estratégicas del INE.
Estaría integrada por cinco consejeras o consejeros electorales, quienes durarían tres años en el encargo. La presidencia sería rotativa y designada anualmente entre sus integrantes.
Además, el decreto establece que la comisión deberá quedar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.
Otro elemento relevante es que la implementación del mecanismo se realizaría con cargo al presupuesto aprobado al INE.
El proyecto establece que no se autorizarían recursos adicionales para poner en marcha la comisión, ni en el ejercicio fiscal correspondiente ni en ejercicios posteriores.
Esto coloca un reto operativo: crear una nueva función de alto impacto político y técnico sin presupuesto extra.
La iniciativa de Sheinbaum coloca sobre la mesa una pregunta de fondo para la democracia mexicana: cómo blindar las candidaturas frente al crimen sin convertir el filtro en una herramienta de control político. El objetivo puede ser legítimo, pero su credibilidad dependerá de reglas claras, criterios verificables, respeto al debido proceso y aplicación pareja para todos los partidos.
