La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una investigación sobre una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señaladas por participar en esquemas de simulación de competencia para obtener contratos de materiales y servicios electorales. De acuerdo con la información expuesta el 5 de noviembre de 2026, las compañías relacionadas con ambos empresarios acumularon adjudicaciones por más de 2 mil 646 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante contrataciones con autoridades electorales federales y estatales.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Buenrostro explicó que la revisión se realizó mediante registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, el histórico de CompraNet y documentación del Registro Público de Comercio. La investigación identificó vínculos empresariales entre distintas compañías que participaron en procedimientos de contratación de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) entre 2014 y 2023. Según la funcionaria, el entramado empresarial tendría antecedentes de aproximadamente 27 años.
La funcionaria identificó seis compañías relacionadas con los empresarios: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández. Según la explicación presentada, estas sociedades habrían participado simultáneamente en concursos públicos, presentando propuestas económicas previamente coordinadas para aparentar que existía competencia entre proveedores independientes. Bajo ese mecanismo, una de las empresas habría sido seleccionada mientras las demás contribuían a construir una apariencia de competencia, con la posibilidad de concentrar las adjudicaciones en un mismo grupo empresarial.
Las investigaciones también abarcan posibles operaciones de triangulación de recursos, facturación irregular y ocultamiento de beneficiarios finales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió su revisión para examinar contratos del INE, del extinto Instituto Federal Electoral y de los organismos electorales estatales entre 2000 y 2025. Además, el organismo fiscalizador identificó una estructura de siete empresas, 83 personas y 89 vínculos que forman parte de sus líneas de investigación sobre proveedores electorales. Estos hallazgos todavía deben traducirse en conclusiones y, en su caso, responsabilidades administrativas o penales.
Ante el escándalo, el INE solicitó el 5 de noviembre una revisión integral de sus adquisiciones a la ASF para el periodo 2016-2026 y anunció medidas para fortalecer sus controles internos, revisar el padrón de proveedores y preservar la documentación relacionada con las contrataciones. La institución también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras. La relevancia del caso va más allá de los montos económicos: las posibles irregularidades involucran recursos destinados a garantizar la organización de elecciones confiables y transparentes.
El desarrollo de estas investigaciones será determinante para establecer si existió una estructura empresarial que obtuvo contratos mediante prácticas contrarias a la competencia y si hubo servidores públicos que facilitaron o permitieron esas operaciones. Por ahora, los señalamientos contra los empresarios y las compañías involucradas corresponden a presuntas irregularidades y no equivalen a sentencias judiciales. La revisión de la ASF y las eventuales actuaciones de la Fiscalía General de la República y otras autoridades permitirán determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades que correspondan.
