Las diferencias entre legisladores de Morena en Baja California quedaron expuestas luego de que los diputados federales Armando Fernández Samaniego y Gilberto Herrera Solórzano respondieran a los señalamientos del coordinador de la bancada morenista en el Congreso estatal, Juan Manuel Molina García, quien cuestionó la falta de atención de sus compañeros federales a distintas problemáticas de la entidad. El intercambio de declaraciones ocurrió el 5 de noviembre de 2026, después de que el legislador local reclamara su ausencia en reuniones para abordar asuntos prioritarios para la población.
Durante una sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca del Congreso de Baja California, Molina señaló que se había solicitado la participación de los diputados federales para atender temas relacionados con los agricultores, los pensionados federales y las fallas en el suministro eléctrico, así como los cobros considerados excesivos en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El legislador también mencionó que se habían enviado oficios para convocarlos y cuestionó que no se hubiera concretado su participación.
En respuesta, Armando Fernández Samaniego, coordinador de los diputados federales de Morena por Baja California, respaldó un posicionamiento conjunto de legisladores de su partido para rechazar las acusaciones. En el documento, los representantes federales sostuvieron que sí han atendido solicitudes ciudadanas y de distintos sectores sociales, por lo que consideraron que los señalamientos no reflejan las acciones que han realizado en favor del estado. Entre quienes integran la representación federal se encuentra también el diputado Gilberto Herrera Solórzano, representante de Tijuana.
Uno de los principales puntos de desacuerdo se relaciona con las convocatorias del Congreso estatal. Los diputados federales aseguraron que no habían recibido las invitaciones mencionadas públicamente y solicitaron que se les proporcionaran los oficios y sus respectivos acuses de recibo para verificar cuándo y cómo fueron enviados. Esta versión contrasta con lo expuesto por legisladores locales, quienes afirmaron que las convocatorias sí fueron entregadas en las oficinas de sus homólogos federales.
La controversia también tiene una dimensión económica y social, particularmente por la situación de los productores agrícolas del Valle de Mexicali. Durante la reunión del 5 de noviembre, representantes del sector triguero reclamaron mayores apoyos, recursos para insumos y el cumplimiento de pagos pendientes. Incluso advirtieron que continuarán sus manifestaciones ante dependencias federales. Ante la falta de participación de algunos representantes convocados, legisladores locales anunciaron que promoverán un exhorto para solicitar la intervención de la Cámara de Diputados.
Los legisladores federales manifestaron su disposición para establecer una mesa de trabajo y mantener el diálogo institucional, con el argumento de que las necesidades de Baja California deben atenderse mediante la coordinación y no a través de confrontaciones políticas. Sin embargo, el intercambio evidencia diferencias dentro de Morena sobre la representación de los intereses estatales y la responsabilidad de sus integrantes para gestionar soluciones ante las autoridades federales. La atención a las demandas del campo, los pensionados y los usuarios de energía eléctrica será una prueba para determinar si ambas representaciones logran superar sus diferencias y traducir sus compromisos en resultados para la población bajacaliforniana.
