Meta, Google y TikTok emprendieron acciones legales para frenar una nueva legislación de California que busca limitar el uso de funciones consideradas adictivas en las redes sociales entre menores de 16 años. Las empresas presentaron demandas independientes ante tribunales federales de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2026, al considerar que las restricciones afectan la libertad de expresión y las facultades de las plataformas para organizar y recomendar contenidos.
El conflicto gira en torno a la Ley AB 1709, firmada en septiembre por el gobernador de California, Gavin Newsom, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027. La legislación prohíbe que las plataformas ofrezcan a usuarios menores de 16 años determinadas herramientas, entre ellas la reproducción automática de videos, el desplazamiento infinito y los sistemas de recomendaciones personalizadas. También contempla mecanismos razonables de verificación de edad para identificar a los usuarios protegidos por la normativa.
Las compañías argumentan que estas disposiciones interfieren con la manera en que distribuyen información y administran sus servicios. Entre sus principales cuestionamientos se encuentran posibles afectaciones a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión, y a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, relacionada con la responsabilidad de los servicios digitales respecto de contenidos publicados por terceros.
Por su parte, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, informó que revisará las demandas y defenderá la legislación. El gobierno estatal sostiene que las medidas buscan reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a mecanismos de diseño que pueden fomentar un uso excesivo de las redes sociales. El litigio se suma a una serie de controversias judiciales en Estados Unidos sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas frente a los efectos de sus plataformas en la población infantil.
El debate también tiene implicaciones para México, donde el Gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el 14 de octubre de 2026 un decreto para establecer entornos digitales seguros para menores. Entre sus disposiciones se encuentran la verificación de edad, la clasificación de contenidos, la activación de controles parentales y la obligación de impedir el acceso o recomendación algorítmica de materiales relacionados con violencia, abuso, explotación sexual y autolesiones. Sin embargo, las demandas presentadas en noviembre corresponden a la legislación de California y no deben confundirse con impugnaciones judiciales contra el decreto mexicano.
La disputa coloca en el centro una cuestión que trasciende a las empresas involucradas: cómo proteger a los menores en internet sin vulnerar su privacidad, libertad de expresión y derechos digitales. Mientras los gobiernos buscan establecer mayores obligaciones para las plataformas, las compañías cuestionan los mecanismos de aplicación y sus posibles consecuencias. Las resoluciones judiciales podrían influir en futuras regulaciones sobre redes sociales y protección infantil en otros países, incluido México.
