La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno alista un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia. La medida se dio a conocer el pasado 2 de octubre, tras el ataque en la secundaria número 13 de Torreón, Coahuila, que dejó una persona sin vida y al menos cuatro jóvenes heridos, y después de hechos similares en Querétaro y Michoacán. Las autoridades han señalado posibles vínculos de comunicación entre los involucrados a través de redes sociales.
Para ello, el Ejecutivo federal conformó un grupo de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Transformación Digital, coordinado por la Consejería Jurídica. La mandataria afirmó que el objetivo es que las empresas asuman parte de la responsabilidad en lo que circula en sus espacios. “No puede ser que en las redes sociales salgan casos de abuso infantil y que las redes no hagan nada”, declaró durante la conferencia matutina, donde adelantó que buscará tener listo el texto la próxima semana.
El decreto estará acompañado de otras acciones. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que se impulsarán reformas para regular el acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de verificación acordes con la edad y mayores responsabilidades para las tecnológicas. La SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia reforzarán el monitoreo de plataformas, mensajería y foros para identificar patrones y amenazas creíbles. En las escuelas se fortalecerá el programa “ABC de las emociones” y se instalarán buzones confidenciales para la detección temprana de riesgos, además de un llamado a madres y padres a vigilar el contenido que consumen sus hijos.
El anuncio abre un debate de fondo sobre los límites entre seguridad y libertad de expresión. El propio gobierno ha reconocido el riesgo: Sheinbaum aseguró que las conductas sujetas a la norma deberán definirse con precisión para que la regulación “no raye en la censura”, mientras García Harfuch precisó que consultar cierto contenido o expresarse en redes no significa, por sí mismo, que una persona vaya a cometer un delito. De ahí que uno de los puntos por seguir sea cómo se definirá “incitar directamente a la violencia”, qué sanciones contempla el decreto y cómo responderán las empresas, que hasta ahora no han fijado postura pública en las fuentes consultadas.
La medida se suma a una agenda previa del gobierno federal sobre el entorno digital de los menores. El 3 de noviembre entrará en vigor la regulación que prohíbe el uso de celulares durante la jornada escolar en educación básica, y en marzo se firmó un acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra mujeres y niñas. Como referencia internacional, en 2023 Brasil advirtió que podría multar o suspender a las redes que no regularan eficazmente los contenidos sobre violencia escolar, luego de dos ataques que dejaron cinco muertos. Sheinbaum indicó que, una vez establecido el mecanismo para retirar contenidos violentos, se abrirá una discusión más amplia sobre la regulación de las plataformas y su impacto en la infancia.
