La Sala Superior del TEPJF ordenó al Instituto Estatal Electoral realizar una nueva distribución del financiamiento público, al considerar que la asignación era desproporcionada frente al respaldo electoral obtenido por el partido local.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la asignación de más de 81 millones de pesos de financiamiento público al Partido Encuentro Solidario de Baja California (PES BC) para el ejercicio 2026.
Con esta resolución, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) deberá realizar una nueva distribución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos en la entidad, bajo criterios de equidad, proporcionalidad y pluralismo político.
De acuerdo con reportes sobre la sesión, las magistraturas electorales consideraron que la fórmula aplicada generaba una asignación desproporcionada, debido a que el PES BC concentraba más de la mitad del financiamiento público partidista pese a haber obtenido alrededor del 3% de la votación en el proceso electoral previo.
El caso fue revisado por la Sala Superior tras impugnaciones promovidas contra la distribución aprobada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
La resolución federal dejó sin efecto la sentencia previa que había validado el reparto de recursos y ordenó modificar el criterio utilizado para asignar el financiamiento público local.
El argumento central fue que, aunque la fórmula aplicada tenía sustento en la legislación electoral, su resultado se alejaba de los principios constitucionales que deben garantizar condiciones de competencia equilibradas entre las fuerzas políticas.
La decisión fue aprobada por mayoría de cinco votos contra uno, de acuerdo con reportes locales sobre la sesión.
El financiamiento público a partidos busca garantizar condiciones de operación política; sin embargo, el fallo del TEPJF coloca en el centro la discusión sobre hasta qué punto un partido local puede concentrar una bolsa mayoritaria de recursos cuando su respaldo electoral fue limitado.
En este caso, el PES BC había logrado conservar su registro estatal con una votación cercana al 3%, pero la fórmula de distribución lo colocaba como el partido con mayor financiamiento público en Baja California.
Para la Sala Superior, ese resultado debía revisarse porque podía generar una ventaja desproporcionada frente al resto de los partidos.
Tras el fallo, el Instituto Estatal Electoral de Baja California tendrá que revisar los recursos ya ministrados y emitir una nueva distribución del financiamiento público para 2026.
Hasta el momento, el Tribunal no definió en esta etapa cuánto dinero corresponderá finalmente al PES ni al resto de las fuerzas políticas, sino que ordenó aplicar nuevos criterios para que el reparto sea más equilibrado.
La resolución podría modificar el mapa financiero de los partidos en Baja California y sentar un precedente sobre los límites de las fórmulas de financiamiento cuando producen resultados considerados inequitativos.
Más allá de la disputa entre partidos, el fallo abre una discusión de fondo sobre el uso de recursos públicos en la política local.
El financiamiento partidista debe garantizar pluralidad, pero también responder a criterios de proporcionalidad, transparencia y confianza ciudadana.
En un contexto de exigencia social sobre el gasto público, la redistribución ordenada por el TEPJF obligará al IEEBC a explicar con claridad cómo se reparte el dinero destinado a los partidos y bajo qué criterios se evita beneficiar de manera excesiva a una sola fuerza política.
