El Congreso emitió la declaratoria de procedencia para crear las bases del Sistema Estatal de Cuidados; la ley reglamentaria deberá expedirse en un plazo de hasta 360 días.
El Congreso de Baja California dio un paso clave en materia social al emitir la Declaratoria de Procedencia para reformar el artículo 7 de la Constitución Política del Estado y reconocer el derecho humano al cuidado.
La reforma establece las bases para la creación del Sistema Estatal de Cuidados, una política pública que busca visibilizar tanto a las personas que requieren cuidados como a quienes los brindan diariamente, muchas veces sin reconocimiento, pago ni protección institucional.
La iniciativa fue presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, quien planteó incorporar el cuidado como un derecho vinculado a las necesidades cotidianas de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos que requieren apoyo para su bienestar.
El derecho al cuidado implica reconocer que cuidar no es solo una responsabilidad familiar o privada, sino una necesidad social que debe ser atendida mediante servicios, recursos, políticas públicas y corresponsabilidad institucional.
En términos prácticos, este reconocimiento abre la ruta para que Baja California construya un sistema que atienda dos dimensiones: quienes necesitan recibir cuidados y quienes dedican tiempo, trabajo y energía a cuidar.
La reforma también coloca en el centro una realidad que históricamente ha recaído principalmente en mujeres: el trabajo no remunerado de cuidados dentro de los hogares.
Como parte del proceso constitucional, el Congreso solicitó a los siete ayuntamientos de Baja California emitir su voto sobre la reforma y la reserva correspondiente.
Los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y San Felipe aprobaron el dictamen. En el caso de San Quintín, Mexicali, Playas de Rosarito y Ensenada, al no manifestar el sentido de su voto, se consideró aceptada la reforma conforme a lo establecido en la Constitución local.
Con ello, el Congreso declaró formalmente aprobada la modificación al artículo 7 constitucional.
Aunque la reforma representa un avance constitucional, el Sistema Estatal de Cuidados aún no entra en operación plena.
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. A partir de esa publicación, el Poder Legislativo tendrá un plazo de hasta 360 días naturales para expedir la ley reglamentaria correspondiente.
Esa ley será la que deberá definir cómo funcionará el sistema, qué instituciones participarán, cuáles serán los servicios, cómo se coordinarán los municipios y qué mecanismos se aplicarán para garantizar el derecho al cuidado.
Uno de los elementos centrales será el presupuesto. El propio decreto establece que las entidades, dependencias y organismos públicos estatales y municipales operarán el sistema de cuidados conforme a su disponibilidad presupuestal y a la legislación secundaria que se expida.
Ese punto será determinante, porque reconocer un derecho en la Constitución no garantiza por sí mismo servicios reales, infraestructura, personal capacitado o apoyos suficientes.
El reto para Baja California será convertir el reconocimiento legal en políticas públicas medibles, con recursos, seguimiento y beneficios concretos para las familias.
La creación de un Sistema Estatal de Cuidados puede tener impacto directo en hogares donde hay niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad o integrantes que requieren atención cotidiana.
También puede abrir una discusión más amplia sobre jornadas de cuidado, desigualdad de género, empleo, salud, envejecimiento poblacional y corresponsabilidad entre familias, gobierno, comunidad y sector privado.
Para miles de personas cuidadoras, principalmente mujeres, este reconocimiento puede representar una oportunidad para que el trabajo de cuidado deje de ser invisible.
Reconocer el cuidado como derecho es un avance importante para Baja California, pero el verdadero reto empieza ahora. La reforma constitucional abre la puerta; la ley reglamentaria, el presupuesto y la operación institucional dirán si el Sistema Estatal de Cuidados se convierte en una política real o se queda como una promesa escrita en papel.
