Más de un centenar de afectados por el presunto fraude de la empresa High Lever Capital/Terablock se manifestaron este jueves frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que los responsables sean castigados. Denuncian que el esquema piramidal de inversión en criptomonedas dejó a mil 200 personas sin su patrimonio, tanto en México como en el sur de Estados Unidos.
Con pancartas y consignas, los manifestantes reclamaron su derecho a una justicia pronta y efectiva, asegurando que las pérdidas económicas han devastado familias enteras. Entre las denuncias, señalan que algunas personas perdieron todos sus ahorros, cerraron negocios, hipotecaron sus casas e incluso, en casos extremos, hubo víctimas que perdieron la vida por la desesperación.
Los afectados recordaron que la empresa comenzó a operar en 2019 y creció rápidamente al incentivar a los inversionistas a reclutar a más personas. El fraude, calculado en más de 300 millones de dólares, se habría coordinado desde un local en Plaza Galerías, en Tijuana.
Entre los señalados se encuentra Javier Castro Elenes, directivo de la compañía, contra quien ya existen 16 denuncias formales. También se reportó la detención en La Paz, Baja California Sur, de Mónica Gabriela “N”, presuntamente involucrada en el esquema.
Fátima, una de las víctimas, narró que invirtió junto con su familia más de medio millón de pesos, tras recibir la recomendación de una amiga de la iglesia. “Confiamos en lo que parecía una inversión segura, pero fue un engaño. Hoy estamos endeudados y con la vida destrozada”, dijo con voz quebrada.
El encargado de despacho de la FGE, Miguel Ángel Ríos Castro, confirmó que hay mandamientos judiciales en contra de más implicados y que trabajan en coordinación con autoridades estadounidenses para localizarlos y presentarlos ante la justicia.
Este caso se suma a otros fraudes financieros con criptomonedas registrados en la región en los últimos años, lo que revela la vulnerabilidad de quienes buscan oportunidades de inversión sin contar con supervisión oficial. Las víctimas advierten que seguirán presionando hasta que cada responsable enfrente las consecuencias.
