La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el llamado “plan B” de la reforma electoral será enviado al Senado de la República este mismo día, con una propuesta que incluye cambios constitucionales y modificaciones a leyes secundarias.
De acuerdo con lo informado, la iniciativa contempla ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como parte de un paquete más amplio que busca redefinir reglas en materia política y administrativa.
“Va hoy a la Cámara de Senadores, tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal, también incluye modificaciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales”, señaló la mandataria al detallar el envío del proyecto.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que uno de los ejes principales de la propuesta es reducir privilegios en el servicio público y fomentar una mayor participación ciudadana.
“La iniciativa tiene como principio fundamental disminuir los excesos. en los ejercicios de la función pública; se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Nadie podrá ganar más de lo que gana la Presidenta, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se van a generar ahorros que puedan usarse en infraestructura en los municipios”, expresó.
Entre los puntos incluidos en la propuesta destaca la reducción del número de regidurías, que irían de un mínimo de 7 hasta un máximo de 15 por municipio, así como la limitación a una sola sindicatura por ayuntamiento.
También se plantea que los congresos locales tengan un tope presupuestal de 0.7% del gasto total de cada entidad, además de una reducción progresiva del gasto en el Senado hasta alcanzar un 15%.
Otro de los cambios contempla que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, mientras que los partidos políticos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados.
La propuesta llega en un contexto donde las reformas electorales han generado debate en el país en años recientes, particularmente por los ajustes en reglas de financiamiento, representación y control institucional. Ahora, el proyecto deberá avanzar en el Senado, donde se definirá su futuro legislativo.
