El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que firmará una orden ejecutiva para instruir al Pentágono a habilitar 30,000 camas en la base naval de Guantánamo, Cuba, con el objetivo de detener a inmigrantes indocumentados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
«Tendremos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan un peligro para el pueblo estadounidense», declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca, donde firmó una ley contra migrantes con antecedentes delictivos menores. El mandatario justificó la medida argumentando que algunos de estos individuos son «tan peligrosos» que ni siquiera se confía en sus países de origen para su repatriación.
La base de Guantánamo, conocida internacionalmente por albergar a sospechosos de terrorismo, también opera un centro de detención para migrantes interceptados en el mar mientras intentaban llegar a las costas estadounidenses, principalmente desde Cuba y Haití. Sin embargo, según datos publicados por The New York Times, entre 2020 y 2023 el centro solo alojó a 37 personas, lo que contrasta con la magnitud del nuevo plan anunciado por Trump.
La decisión ha generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la medida como un «acto de brutalidad» y denunció que el nuevo gobierno estadounidense planea encarcelar a miles de migrantes en un territorio «ilegalmente ocupado». Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de mostrar «desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional».
Esta polémica iniciativa se enmarca en la política migratoria de línea dura que ha caracterizado a la administración Trump, la cual ha priorizado la detención y expulsión de migrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, el anuncio ha reavivado el debate sobre el uso de Guantánamo y sus implicaciones éticas y legales en el tratamiento de migrantes.
