Luego de 12 ocasiones sin acudir a su audiencia, el exgobernador de Baja California y actual dirigente del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdez, finalmente se presentó en el Centro de Justicia para enfrentar su audiencia inicial dentro de un proceso por presuntos delitos relacionados con recursos públicos.
El exmandatario explicó que en ocasiones anteriores no había podido acudir debido a conflictos de agenda. “Tengo muchas cosas que hacer y no me coincidían los horarios con los del citatorio”, señaló, al asegurar que todas sus ausencias fueron justificadas. También consideró que el proceso podría tener un trasfondo político.
La investigación en su contra está relacionada con los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación de deuda con recursos públicos, así como peculado. El caso deriva de la creación de un fideicomiso durante su administración para desarrollar una planta fotovoltaica, proyecto que, según las acusaciones, no contaba con los permisos federales necesarios para iniciar su instalación.
De acuerdo con la carpeta de investigación identificada con el Número Único de Caso 02-2022-06977, el contrato contemplaba pagos por alrededor de 37 mil millones de pesos durante un periodo de 30 años para consolidar la obra que buscaba abastecer de energía a la entidad. El proyecto fue uno de los más comentados al final de su administración debido a su magnitud financiera y a los cuestionamientos sobre su viabilidad legal y técnica.
Las doce ausencias consecutivas del exmandatario ante la audiencia de formulación de imputación llevaron a que la agente del Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión, argumentando que no atender reiteradamente los citatorios podría interpretarse como una estrategia para retrasar el proceso judicial.
El caso también generó reacciones en el sector empresarial. Horas antes de la audiencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Octavio Sandoval López, consideró que la Fiscalía General del Estado de Baja California ha sido tolerante con el exgobernador al permitirle faltar en múltiples ocasiones.
“Me parece que la Fiscalía ha sido laxa, ha sido muy tolerante, a nadie le permiten que falten 12 veces sin que se apoyen en la fuerza pública para hacerlo comparecer”, expresó el dirigente empresarial, quien sostuvo que a cualquier otro ciudadano se le habría obligado a acudir mediante la fuerza pública desde hace tiempo.
El proceso contra el exgobernador se mantiene en etapa judicial y forma parte de uno de los expedientes más relevantes relacionados con decisiones financieras del gobierno estatal en años recientes, particularmente por el monto del proyecto energético y el impacto que habría tenido en las finanzas públicas de Baja California.
