La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el fin de semana en Michoacán. Calificó el hecho como un “acto cobarde y vil” y aseguró que “no habrá impunidad”, pero el crimen vuelve a evidenciar la incapacidad del Estado mexicano para proteger a sus autoridades locales en una de las regiones más violentas del país.
Durante la mañanera del 3 de octubre de 2025, Sheinbaum informó que la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad Federal trabajan para esclarecer el caso. Defendió su estrategia de “cero impunidad, justicia e inteligencia”, rechazando una nueva “guerra contra el narco”. Sin embargo, en el terreno, la Guardia Nacional sigue operando bajo una lógica militar, y la supuesta atención a las causas sociales no ha reducido los homicidios en Michoacán, donde la violencia se mantiene en niveles alarmantes.
La presidenta también acusó a la oposición y a ciertos medios de “actuar como buitres”, usando el asesinato con fines políticos. Pero detrás del discurso, crece la pregunta incómoda: ¿cómo pudo ser ejecutado un alcalde amenazado, en un evento público, pese a la presencia de fuerzas federales? El caso Manzo refleja una vulnerabilidad institucional profunda y la ineficacia de los esquemas de protección a funcionarios locales.
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que la Guardia Nacional brindaba solo seguridad periférica, mientras la custodia personal estaba a cargo de policías municipales. Admitió que el evento presentaba “vulnerabilidad”, sin aclarar por qué el análisis de riesgo no fue actualizado pese a las advertencias previas del propio alcalde. La versión oficial deja más dudas que certezas sobre el nivel de coordinación y responsabilidad federal.
El asesinato de Manzo se suma a más de una docena de ataques contra funcionarios municipales en Michoacán durante 2025. Pese a las promesas presidenciales, la violencia no cede, y los operativos federales parecen llegar siempre después de la tragedia. En los hechos, la “fuerza del Estado” que Sheinbaum invoca no se traduce en presencia efectiva ni en justicia oportuna.
La presidenta intenta sostener la narrativa de un gobierno humanista y firme, pero la realidad en Michoacán apunta a un Estado rebasado y fragmentado. La muerte de Carlos Manzo, más que un hecho aislado, exhibe la fragilidad de la estrategia federal de seguridad, una política que sigue prometiendo justicia mientras los alcaldes caen, uno a uno, frente al crimen organizado.
