El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 116 votos a favor, la reforma presidencial que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales y empresas del Estado. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
La propuesta establece un tope a las jubilaciones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo, como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la extinta Luz y Fuerza del Centro, entre otras entidades.
De acuerdo con el dictamen, ninguna pensión podrá superar la mitad del salario mensual de la presidenta de la República, lo que representaría un límite aproximado de 70 mil pesos mensuales. La reforma contempla efectos retroactivos una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados.
Durante la discusión, el senador de Morena, Javier Corral Jurado, señaló que la modificación constitucional no elimina el derecho a la pensión, sino que establece límites para evitar percepciones elevadas en algunos sectores de la administración pública.
Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional, Francisco Ramírez Acuña, advirtió que la reforma podría generar debates en materia de derechos humanos y seguridad social, particularmente en lo relacionado con derechos adquiridos y principios de progresividad.
En tanto, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expresó el respaldo de su bancada al proyecto, aunque cuestionó que el límite propuesto se base en el salario del titular del Ejecutivo federal y que no incluya a instituciones como las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial.
La iniciativa plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer el límite a las pensiones. Según datos oficiales, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo reciben actualmente pensiones superiores al salario presidencial, algunas de ellas que van de 200 mil hasta un millón de pesos mensuales.
El gobierno federal estima que la aplicación de esta medida podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos, recursos que actualmente se destinan a pensiones de exdirectivos y exfuncionarios de organismos públicos.
