El jueves se registró un macabro hallazgo en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron tres crematorios clandestinos, cientos de pares de zapatos y restos óseos. La evidencia apunta a que integrantes del CJNG usaban el lugar para retener, torturar y ejecutar a jóvenes y mujeres que se negaban a obedecer, convirtiéndolo en un verdadero centro de exterminio.
Resulta aún más indignante que, a tres días del hallazgo, el gobierno de Sheinbaum continúa sin asumir las investigaciones. La inacción es un reflejo de la negligencia que ha caracterizado la respuesta de las autoridades ante hechos de violencia extrema. Mientras tanto, el silencio de las autoridades estatales en Jalisco solo agrava la situación, dejando en entredicho su compromiso por garantizar la seguridad y la justicia para las víctimas.
Cabe recordar que este mismo rancho ya fue cateado en septiembre, cuando Andrés Manuel López Obrador aún presidía el país, y la revisión realizada fue insuficiente. Ese episodio, lejos de ser un hecho aislado, pone de relieve un patrón de negligencia que persiste en las altas esferas del poder federal y en el gobierno de Jalisco. ¿Cómo es posible que se repitan estos errores críticos en la investigación y supervisión de sitios tan sensibles?
La impunidad y la falta de acción por parte de ambos niveles de gobierno –federal y estatal– generan un clima de desconfianza y temor en la ciudadanía. La seguridad en nuestro país se ve comprometida cuando las autoridades se quedan de brazos cruzados ante evidencias claras de crimen organizado y violencia extrema.
Mientras la sociedad clama por justicia y respuestas inmediatas, la inacción gubernamental habla por sí misma. Este caso es una muestra palpable de lo que sucede cuando la falta de voluntad política se traduce en la perpetuación de la impunidad y el sufrimiento de innumerables familias. ¡Increíble lo que pasa en este país, y urgente es el llamado a una verdadera rendición de cuentas!
