La noche del pasado jueves 27 de noviembre de 2025, el Alejandro Gertz Manero presentó formalmente su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras seis años y casi siete al frente del órgano acusador. El Senado de la República aprobó su salida con 74 votos a favor y 22 en contra, en una sesión marcada por tensiones y acusaciones políticas.
En su carta dirigida al pleno legislativo, Gertz explicó que la renuncia tiene efecto inmediato, ya que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar una embajada mexicana en el extranjero. En consecuencia, y de acuerdo con la normativa vigente, el Senado ya abrió el proceso para nombrar a un nuevo Fiscal General —mientras la abogada Ernestina Godoy Ramos fue designada como encargada del despacho interino de la FGR.
La salida de Gertz ha generado un acalorado debate político de inmediato. Legisladores de la oposición —principalmente de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— cuestionaron la legitimidad de su renuncia con el argumento de que aceptar un cargo diplomático no constituye una “causa grave” conforme a la ley. Desde sus bancadas acusaron al bloque oficialista —liderado por Morena— de pretender instalar un fiscal “a modo” para controlar la Fiscalía.
Por su parte, Sheinbaum intentó frenar las especulaciones. Durante su conferencia matutina, afirmó que la renuncia de Gertz no obedece a una ruptura institucional, sino al cierre de un ciclo y al comienzo de otro. Recalcó que es indispensable mantener la continuidad en la lucha contra la impunidad y garantizar que la Fiscalía siga funcionando con rigor.
El relevo en la FGR ocurre en un contexto complejo, con casos polémicos recientes —desde denuncias de irregularidades en investigaciones de alto perfil hasta cuestionamientos sobre eficacia institucional. Para muchos ciudadanos y analistas, esta renovación representa una oportunidad para fortalecer la credibilidad del sistema de procuración de justicia; pero también genera temor de que nuevamente se use la Fiscalía como instrumento político.
Si bien el proceso formal de selección del nuevo Fiscal aún no concluye, la designación interina de Ernestina Godoy marca el inicio de una nueva etapa. Para que ésta sea legítima, será fundamental que las autoridades prioricen la transparencia, el respeto al Estado de derecho y un compromiso real con las víctimas.
