Luego de que su iniciativa de reforma electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará un “Plan B” legislativo enfocado en reducir gastos y privilegios en congresos locales y ayuntamientos, además de ampliar algunos mecanismos de participación ciudadana.
La mandataria explicó durante su conferencia matutina del 12 de marzo que la reforma original buscaba reducir el gasto público destinado a partidos políticos y autoridades electorales, así como eliminar duplicidades entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales.
Tras el rechazo de la propuesta, Sheinbaum adelantó que el próximo 16 de marzo enviará una nueva iniciativa al Congreso, la cual buscará establecer límites al presupuesto de los congresos locales, al considerar que existen diferencias marcadas entre entidades que cuentan con un número similar de legisladores pero manejan presupuestos distintos.
Durante su posicionamiento, la presidenta aseguró que el resultado de la votación no representa un revés para su administración. “No es una derrota (que no se haya aprobado la Reforma Electoral) Yo estoy muy satisfecha. Todo lo contrario; la gente sabe que uno no está dispuesta a negociar todo”, afirmó.
Otro de los puntos del llamado “Plan B” contempla reducir el número de regidores en algunos ayuntamientos, bajo el argumento de que varios municipios cuentan con más cargos de los necesarios. Según lo planteado por la mandataria, los recursos que se liberen podrían destinarse a obras públicas y servicios básicos.
“Si un municipio tiene 20 regidores y se establece un límite menor, el recurso que se ahorre se quedará en el propio municipio para obras como drenaje, agua potable o bacheo”, señaló.
La nueva propuesta también incluiría cambios para ampliar los mecanismos de participación ciudadana, particularmente en consultas populares. La presidenta planteó que ciertos temas electorales, como el financiamiento público a los partidos, puedan ser sometidos a consulta directa de la ciudadanía.
Además, propuso flexibilizar el mecanismo de revocación de mandato, de modo que pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año de gobierno, algo que actualmente está limitado por la legislación vigente.
El rechazo a la reforma ocurrió el miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados, donde el dictamen obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
La iniciativa original del Ejecutivo planteaba modificaciones a once artículos constitucionales. Entre los cambios propuestos estaba reducir el Senado a 96 integrantes, eliminando los 32 legisladores plurinominales, y modificar el sistema de elección de 200 diputados de representación proporcional, para que fueran electos mediante voto directo de la ciudadanía en lugar de listas partidistas.
