Durante una jornada nocturna, autoridades estatales, federales y municipales realizaron un censo de personas en situación de calle con el propósito de conocer sus condiciones de vida y generar estrategias que atiendan esta problemática social en la ciudad.
De acuerdo con los resultados preliminares, 338 personas fueron censadas, de las cuales el 70 por ciento son hombres y el 30 por ciento mujeres. Las brigadas recorrieron zonas como Centro, Zona Norte, Playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos y La Mesa, puntos donde esta población suele concentrarse durante la noche.
Durante la jornada se brindaron 150 atenciones médicas y se detectaron casos que requieren intervención social, entre ellos el de una menor de edad que actualmente es atendida por el Sistema DIF Estatal. Además, cinco personas solicitaron apoyo para regresar a sus lugares de origen, en los estados de Jalisco, Hidalgo y Guerrero.
La titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Beatriz Adriana Olivares Pinal, señaló que el levantamiento de información permitió romper estigmas sobre la población en situación de calle.
“No todas las personas en esta condición son consumidoras de drogas. Hay casos en los que fueron expuestas al fentanilo sin saberlo, lo que agrava su situación de salud”, explicó.
El censo también reveló que 151 personas fuman, 112 consumen alcohol y 73 marihuana, además de una alta presencia de personas con algún tipo de discapacidad: 42 físico-motriz, 25 psicosocial, 19 visual, 13 intelectual, 9 auditiva y 7 con discapacidad múltiple.
Contrario a lo que suele pensarse, el 70 por ciento de los encuestados sabe leer y escribir, e incluso algunos cuentan con estudios universitarios. “No toda la población se concentra en la Zona Norte; también se detectó presencia en delegaciones como Playas de Tijuana”, agregó Olivares Pinal.
Las autoridades informaron que un segundo censo se llevará a cabo en diciembre, en zonas como Otay Centenario, La Presa Este y San Antonio de los Buenos, con el fin de comparar resultados y analizar los cambios en esta población.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda subrayó que los operativos se realizan con pleno respeto a los derechos humanos, y que las personas que requieren ayuda para ingresar a centros de rehabilitación lo hacen de forma voluntaria.
“No se trata de obligar, sino de ofrecer acompañamiento y opciones reales para quienes buscan salir de la calle”, enfatizó.
