El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria y frenar prácticas que afectan directamente el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que “para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación, se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello, preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes”.
La propuesta incorpora, por primera vez en Baja California, la corrupción inmobiliaria para ser considerada y castigada como un delito grave, con penas que van de 10 a 20 años de prisión para funcionarios que permitan, por acción u omisión, edificaciones ilegales o construcciones que no cumplan los requisitos legales, así como para los particulares que participen en dichas obras.
Además, establece que cuando estas conductas afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas ordinarias aplicables a delitos vinculados —como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias— deberán duplicarse, dada la gravedad social que implica dejar a una persona sin su hogar.
El diputado destacó que la propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo”, y envía un mensaje claro: en Baja California, la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave. “Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”, afirmó.
Cantón Rocha subrayó que el fortalecimiento normativo es indispensable para combatir la impunidad, por lo que los sistemas de control administrativo y la procuración de justicia deben funcionar de manera eficiente para permitir la investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción; si estos mecanismos son débiles, se incentiva la comisión de estas conductas.
