Tijuana, B.C.— Un grupo de padres de familia se manifestó este jueves frente al edificio del Ministerio Público ubicado en la Central Camionera de Tijuana, para exigir justicia en casos de presunto abuso y negligencia contra menores diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA).
Entre los asistentes se encontraba Jareli Gregorio, madre de Lara, una niña de seis años diagnosticada con autismo grado 2. La mujer denunció que hace un año interpuso una denuncia por abuso sexual, sin que hasta la fecha haya avances sustanciales en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.
Gregorio relató que su hija comenzó a quejarse de dolor en la zona genital tras ser recogida de casa de una cuidadora. Al revisarla, notó inflamación y enrojecimiento. Según la madre, la niña manifestó que había jugado “a la mamá y al papá” con un adolescente de 16 años, hijo de la cuidadora, a quien señala como presunto agresor.
De acuerdo con Gregorio, las autoridades han argumentado que debido a la condición de la menor no es posible realizar evaluaciones psicológicas convencionales. Esto, afirma, ha impedido la validación de su testimonio. La madre acusa a la Fiscalía de omitir su deber de buscar peritos especializados en atención a personas con TEA, lo que considera una forma de discriminación institucional.
En la misma protesta estuvo presente Sebastián Camarena, padre de dos menores —Santiago, de 4 años, y Sebastián, de 5— también diagnosticados con autismo. Camarena acusa a la madre de sus hijos de violencia familiar, abuso y de retener ilegalmente a uno de los menores, del que no tiene noticias desde hace tres meses.
El padre asegura que, durante el tiempo que ambos niños estuvieron bajo custodia de su madre, presentaban señales de maltrato físico, enfermedades recurrentes y expresaban miedo de volver a verla. Actualmente ha iniciado un proceso legal para obtener la custodia provisional y teme que uno de los niños pueda ser sacado del país sin su consentimiento.
Los padres exigieron a las autoridades judiciales y ministeriales que no archiven las carpetas de investigación y que se brinde acceso efectivo a la justicia para las infancias con autismo. Además, demandaron que se incorpore personal capacitado para atender casos que involucren a menores con condiciones del neurodesarrollo, a fin de evitar nuevas omisiones o actos de discriminación.
