La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones no autoriza espionaje ni censura, afirmó tajantemente este martes el vocero del gobierno federal, José Merino, durante la conferencia presidencial.
Ante críticas de medios y organizaciones civiles, la presidenta Sheinbaum reiteró que el objetivo es proteger a los usuarios y garantizar el acceso universal a Internet, sobre todo en zonas rurales. Según ella, los cambios buscan fortalecer el acceso público sin comprometer libertades.
La polémica surge porque el texto de la ley incluye facultades para el monitoreo del espectro y el uso de tecnologías de vigilancia para evitar delitos digitales. Organismos como Artículo 19 han pedido mayor claridad y supervisión independiente.
Esta no es la primera vez que una reforma genera alarma. En 2021, el gobierno de López Obrador impulsó una iniciativa para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte por violar el derecho a la privacidad.
México ya cuenta con antecedentes preocupantes de vigilancia, como el uso del software Pegasus durante sexenios anteriores, por lo que cualquier modificación que implique monitoreo despierta sospechas razonables.
Pese a las dudas, el gobierno asegura que “la ley de 2025 mantiene los mismos principios que la de 2014”, con mejoras en transparencia. Será responsabilidad del Congreso establecer contrapesos y mecanismos de supervisión reales que eviten abusos.
