La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó una iniciativa de reforma al Código Penal para endurecer las sanciones contra la instalación y uso de cámaras de videovigilancia con fines delictivos, práctica conocida como halconeo. La propuesta será enviada al Congreso del Estado para su análisis y discusión.
La mandataria señaló que durante su administración se han retirado más de mil 600 cámaras parásitas utilizadas por grupos criminales, la mayoría de ellas en lo que va de este año.
“Con esta reforma estamos dando un paso firme para proteger la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, cerrando espacios a la delincuencia y reforzando la confianza en nuestras instituciones”, expresó Ávila Olmeda.
La iniciativa establece penas de tres a ocho años de prisión, multas de 200 a 400 UMAs, y la reparación del daño para quienes manipulen cámaras oficiales o instalen sistemas ilegales en la vía pública. También contempla sanciones más severas en casos donde participen servidores públicos, se utilicen equipos especializados de comunicación o se involucren niñas, niños y adolescentes en estos delitos.
El consejero jurídico, Juan José Pon Méndez, explicó que la propuesta busca modificar el artículo 317 TER del Código Penal, con el fin de sancionar a quienes obtengan y compartan información sensible de las autoridades para cometer, planear o encubrir delitos.
Finalmente, se precisó que la reforma no afecta a ciudadanos que instalen cámaras en sus hogares, ni a periodistas, investigadores o integrantes de la sociedad civil que ejerzan su derecho a la información y a la participación social.
