La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos en una demanda de 10,000 millones de dólares presentada por el gobierno de México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de prácticas comerciales que, según México, han contribuido a la violencia de los cárteles en su territorio.
Durante la sesión, varios jueces expresaron dudas sobre la viabilidad de la demanda. El juez Samuel Alito cuestionó si Estados Unidos podría, en una situación inversa, demandar a México por actividades ilegales que ocurren en suelo mexicano, sugiriendo que permitir la demanda podría sentar un precedente complicado en las relaciones internacionales.
Los fabricantes de armas han rechazado las acusaciones, argumentando que la ley estadounidense les otorga una amplia protección contra este tipo de demandas. Han apelado a la Corte Suprema para que anule un fallo anterior que permitió que la demanda avanzara, citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que otorga inmunidad a los fabricantes y vendedores de armas frente a muchas demandas relacionadas con el uso indebido de sus productos por terceros.
La decisión de la Corte Suprema en este caso podría tener implicaciones significativas para futuros litigios contra la industria armamentista y para las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y otros países afectados por la violencia armada.
Se espera que el tribunal emita su fallo en los próximos meses, lo que clarificará si México puede proceder con su demanda o si los fabricantes de armas mantendrán su inmunidad bajo la ley estadounidense.
