En México, la sola mención de religión y política suele encender alertas. Pero una cosa es la vigilancia democrática y otra muy distinta es la sospecha automática. La polémica reciente en torno a la asociación política Humanismo Mexicano, agrupación afín al partido MORENA y su presunta relación con la iglesia La Luz del Mundo ha sido presentada en algunos espacios más como insinuación que como investigación.
La preocupación central no debería ser la fe personal de quienes participan en un proyecto político, sino la posible injerencia institucional. En un país donde, según el Censo 2020 del INEGI, el 77.7% de la población se identifica como católica y alrededor del 11% como cristiana evangélica o protestante, pretender que la política esté integrada exclusivamente por personas sin identidad religiosa sería, además de irreal, abiertamente discriminatorio. El punto crítico no es la creencia individual, sino la existencia de directrices formales, financiamiento comprobable, o subordinación doctrinal que comprometa la autonomía política.
México ofrece antecedentes que ilustran tanto riesgos reales como exageraciones mediáticas. En la década de 1990 y principios de los 2000, diversos liderazgos locales vinculados a iglesias evangélicas participaron en candidaturas municipales bajo distintos partidos, particularmente en estados del sur. Más recientemente, el Partido Encuentro Social (PES), fundado en 2014, fue señalado por su cercanía con sectores evangélicos; en 2018 obtuvo el 2.78% de la votación federal y perdió el registro nacional al no alcanzar el umbral del 3%. Si bien existían afinidades ideológicas evidentes, nunca se acreditó jurídicamente que operará como brazo formal de una iglesia.
El debate actual sobre Humanismo Mexicano debe situarse en esa línea analítica y no en el terreno de la sospecha ideológica. Hasta el momento, no se ha presentado públicamente evidencia documental. Además, ninguno de los participantes señalados dentro de esta asociación política ostenta cargo formal dentro de la asociación religiosa. Algunos han manifestado abiertamente su fe, han reconocido ser creyentes o simpatizantes; sin embargo, no se han presentado como ministros de culto ni como dirigentes de esa iglesia.
La democracia constitucional protege dos principios simultáneamente: el carácter laico del Estado y los derechos políticos de los ciudadanos creyentes. Si miembros de una iglesia, sea La Luz del Mundo, la Iglesia católica o comunidades evangélicas, participan en política a título personal, ejercen derechos consagrados en los artículos 35 y 41 de la Constitución. Convertir su identidad religiosa en motivo de sospecha automática implicaría una forma de discriminación.
El estándar debe ser claro y uniforme: analizar estructuras, no creencias; revisar hechos, no apellidos; exigir pruebas, no insinuaciones. Si mañana se acredita que cualquier agrupación, sea vinculada a esta Iglesia u otra y opera como brazo institucional religioso, corresponde aplicar la ley sin titubeos.
A ello se suma un factor que no puede ignorarse: 2027 será año electoral. Y aunque formalmente los tiempos de campaña aún no inician, distintos actores políticos y asociaciones ya se encuentran en fase de posicionamiento. En ese contexto, cualquier actor que intente darse a conocer será inevitablemente señalado por sus adversarios.
El problema surge cuando el debate político se sustituye por la estigmatización religiosa. En el caso de Humanismo Mexicano, diversos medios han recurrido al nombre de La Luz del Mundo como elemento de carga negativa automática, utilizándolo para desacreditar actividades, perfiles o iniciativas sin presentar pruebas concluyentes. No se discuten propuestas; se sugiere una sombra. No se confrontan ideas; se insinúa una filiación.
En tiempos de polarización y antesala electoral, la tentación de convertir identidades en armas retóricas es fuerte. Pero la responsabilidad democrática exige algo más: distinguir entre la fe privada de los ciudadanos y la posible captura institucional del poder. Sin hechos concretos, prejuzgar no fortalece al Estado laico; lo degrada en herramienta de confrontación política.
Nos leemos…
