Después de 25 horas de sesión, el Senado de Estados Unidos aprobó el plan fiscal del presidente Donald Trump, el cual contempla una de las medidas más polémicas en años: impuestos a las remesas que envían los migrantes a México. Esta iniciativa podría afectar a millones de familias mexicanas que dependen de ese dinero para sobrevivir.
El plan fiscal, aprobado por mayoría republicana, incluiría un cobro de entre 3% y 7% por cada envío de dinero que se realice desde territorio estadounidense hacia el extranjero. El presidente Trump ha defendido esta medida como parte de su “estrategia de recuperación económica”, pero críticos y defensores de derechos migrantes la consideran un castigo injustificado.
Solo en 2023, México recibió más de 63 mil millones de dólares en remesas, según datos del Banco de México, una cifra histórica que colocó a este flujo como la principal fuente de ingresos para muchas regiones del país, superando incluso al turismo y al petróleo. Gravar ese dinero no solo encarece el envío, sino que pone en riesgo la economía de miles de hogares.
Esta no es la primera vez que Trump amenaza con este tipo de medidas. En 2016, durante su primera campaña presidencial, propuso gravar las remesas como forma de presionar a México para pagar el muro fronterizo. Aunque en ese entonces la propuesta no avanzó, hoy, con un Congreso dividido y más alineado a su agenda, logra dar forma a esa vieja promesa.
La comunidad migrante ha sido uno de los blancos constantes del discurso de Trump. Su retórica ha mezclado temas de seguridad, economía y nacionalismo para justificar políticas que, en los hechos, terminan castigando a quienes sostienen la economía de sus familias a miles de kilómetros. Imponer impuestos a las remesas no frena la migración, pero sí debilita a quienes luchan desde lejos para sacar adelante a los suyos.
El plan aún debe ser aprobado en la Cámara de Representantes, pero su avance en el Senado envía una señal clara de que la agenda fiscal de Trump apunta a recaudar dinero a costa de quienes menos tienen. Mientras el gobierno de México aún no fija una postura oficial, organizaciones civiles y analistas ya advierten sobre el impacto que esta medida tendría en comunidades enteras del país.
Si entra en vigor, enviar dinero a México será más caro, más complicado y menos rentable, dejando a miles de familias en mayor vulnerabilidad. Una vez más, los migrantes pagan las decisiones de una política estadounidense que los ve como problema, no como parte esencial de su economía.
