La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) iniciaron una investigación contra la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, tras recibir una denuncia ante la Fiscalía General de la República que la vincula “con nexos directos con grupos delincuenciales”, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, desde octubre de 2021, según los documentos oficiales.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024, la investigación sostiene que Caballero, durante su gestión como presidenta municipal, habría desarrollado “conductas asociadas a la delincuencia organizada”.
La indagatoria no solo involucra a la ex funcionaria; también se incluyen cuatro de sus colaboradores más cercanos: su hermano y entonces secretario, Daniel Caballero Ramírez; el ex secretario particular, Juan Manuel Gastelum Rivera; el ex secretario General, Miguel Ángel Bujanda; y Ángeles Dolores Durán Ricalde, coordinadora de Atención Ciudadana.
Asimismo, el expediente menciona a ocho personas adicionales, entre civiles y presuntos involucrados en actividades criminales:
Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “el Flaquito”, extraditado a Estados Unidos en agosto pasado por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Ricardo Alfredo Pérez Díaz, alias “el Fredy”, con tres investigaciones previas: amenazas y agresión a una inquilina, incumplimiento de obligaciones familiares y daños con lesiones en un accidente vial en marzo de 2025.
Juan Carlos Valencia, conocido como “R3”, identificado como operador del CJNG en la zona de Sánchez Taboada, sin antecedentes penales.
Los otros cinco nombres mencionados por las autoridades locales —Carlos Lagunes Lara (“el Choga”), José Luis Hernández López (“Bad Boy” o “Avatar”), Eduardo Hermida Camelo (“el Lalo”) y Gustavo Camacho Cardosa— no presentan registros delictivos, aunque las autoridades señalan que podrían tener participación en operaciones intermedias de lavado de dinero. De igual manera, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Baja California no arroja información accesible sobre estas personas.
La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen hermetismo sobre los avances y posibles acciones legales adicionales.
