La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por la muerte de un bebé de ocho meses en Tijuana, cuyo caso reveló graves anomalías en el Hospital General y en la Funeraria Latinoamericana, donde fue localizado su cuerpo.
De acuerdo con la institución, el menor ingresó con signos de síndrome del niño maltratado y falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, tras su deceso, el cuerpo fue entregado directamente a una funeraria sin notificar al Ministerio Público, lo que encendió las alertas de la autoridad.
Cateo y hallazgo en la funeraria
Durante un operativo realizado el 10 de septiembre, la FGE cateó las instalaciones de la funeraria ubicada en Vía Rápida Poniente y recuperó el cuerpo del menor, identificado como Dayan Alejandro, para practicarle la autopsia de ley. El resultado confirmó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, reforzando la hipótesis de homicidio doloso.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, aseguró que sin la intervención ministerial el caso habría quedado impune. “Si el Ministerio Público no hubiera hecho el cateo inmediato, ese crimen hubiera quedado sepultado como una muerte natural”, señaló.
En el mismo operativo fueron localizados otros siete cuerpos de adultos que tampoco habían sido reportados a las autoridades. Aunque tras las autopsias se determinó que fallecieron por causas naturales, la omisión en los protocolos constituye una falta grave.
Posibles responsabilidades
La investigación no se limita al personal de la funeraria, ya que también se indaga la actuación de trabajadores del Hospital General y de posibles civiles vinculados en la cadena de irregularidades.
Andrade Ramírez advirtió que habrá consecuencias legales tanto para los familiares cercanos al menor como para los médicos y empleados de la funeraria que incumplieron sus obligaciones. “No descartamos mayores participaciones de personal, tanto del hospital como civiles”, precisó.
Medidas administrativas
La Funeraria Latinoamericana fue asegurada el 11 de septiembre, una vez que los cuerpos fueron entregados a sus familias. Además, la FGE notificó a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), a la Secretaría de Salud y al Registro Civil, con el objetivo de reforzar la supervisión en los servicios funerarios y evitar hechos similares.
La fiscal subrayó que el caso se investiga como homicidio doloso y reiteró que se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.
