Familiares de personas desaparecidas en Baja California denunciaron el abandono institucional y exigieron la renuncia del comisionado estatal de Búsqueda, Jorge Aguirre Carvajal, a quien acusan de inconsistencias y falta de compromiso en las jornadas de localización.
El reclamo fue encabezado por el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, quien señaló que los 29 millones de pesos federales destinados a la Comisión Estatal de Búsqueda no se aplican con transparencia, mientras las familias enfrentan riesgos al salir a campo sin condiciones de seguridad.
Tras participar en la sesión del Colegio de Comunicólogos, Ocegueda aseguró que son 17 colectivos en todo el estado los que solicitaron la salida del funcionario. “Nos ven como apestados, como que ahí vienen estos a dar lata otra vez”, expresó.
El activista criticó también a la Fiscalía General del Estado, señalando que mantiene un rezago de miles de carpetas y manipula las cifras oficiales. Calificó con un 6 a la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, a quien acusó de minimizar la magnitud del problema: “En Baja California hay 17 mil 306 personas desaparecidas y 97.5% de impunidad en las sentencias. La fiscal vive en un mundo color de rosa”, dijo.
Los colectivos lamentan que, pese a los recursos destinados, no exista una estrategia clara ni resultados palpables en la localización de personas. Insisten en que la crisis de desapariciones en Baja California debe atenderse con prioridad y con acciones que respondan al tamaño del problema.
Este reclamo se suma a las voces que en meses recientes han exigido una reestructuración profunda en las instituciones encargadas de atender a las familias, ante la creciente cifra de desaparecidos y la falta de resultados en las investigaciones.
