Texas le cierra la puerta a una de las denuncias más fuertes contra el exgobernador de Chihuahua
Una corte en El Paso, Texas, desechó este miércoles una demanda clave contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de haber adquirido propiedades millonarias con dinero del erario chihuahuense. El fallo representa un duro revés para el gobierno anterior de Javier Corral, que impulsó la Operación Justicia para Chihuahua.
La denuncia, interpuesta en 2020, aseguraba que Duarte tenía al menos 50 propiedades en Estados Unidos con un valor estimado de 25 millones de dólares. Sin embargo, el juez Rubén Morales concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. El argumento principal se basaba en una declaración sin documentos que comprobaran la propiedad de los inmuebles.
Duarte no perdió tiempo en declarar la resolución como una “victoria legal” y el “tiro de gracia a la persecución política” que asegura haber sufrido. En rueda de prensa desde Chihuahua, advirtió que analiza acciones legales por daño moral contra quienes —según él— lo difamaron durante años sin pruebas. “En cinco años no encontraron nada”, sentenció.
La decisión en Texas no borra los pendientes de Duarte en México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene vivas al menos cinco denuncias por delitos como lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Documentos oficiales indican transferencias desde empresas fantasma hacia cuentas ligadas al exgobernador, además de propiedades no justificadas con sus ingresos.
Uno de los casos más recientes lo involucra en una polémica por una presa ilegal ubicada en uno de sus ranchos en Balleza, detectada por la Conagua en mayo. Este hecho encendió alertas diplomáticas, pues el agua desviada proviene del Río Conchos, parte del sistema regulado por el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.
El caso Duarte fue uno de los ejes del gobierno de Javier Corral, quien prometió acabar con la corrupción del sexenio anterior. En 2020, Duarte fue detenido en Miami tras años prófugo, y extraditado a México en 2022. A su llegada, enfrentó una acusación por desvío de recursos por 96.6 millones de pesos, aunque la mayoría de las pruebas siguen en litigio.
Corral apostó fuerte a la vía legal en Estados Unidos, pero el fallo actual demuestra lo difícil que ha sido judicializar los casos de corrupción a nivel internacional. El sistema estadounidense exige evidencia física contundente, y no basta con testimonios o reportes periodísticos, algo que debilitó el caso en Texas.
El revés judicial ha generado críticas, sobre todo hacia la actitud permisiva del sistema estadounidense con personajes acusados de corrupción en México. Varios analistas coinciden en que Estados Unidos ha sido refugio para políticos y empresarios señalados, aprovechando los vacíos legales y la alta exigencia probatoria para bloquear procesos.
Por ahora, César Duarte sigue libre, con varios ranchos en Chihuahua bajo disputa y un historial de acusaciones que aún no han sido desmentidas en tribunales mexicanos. La pregunta sigue en el aire: ¿habrá justicia o todo quedará en el olvido?
