El gobierno de Estados Unidos reveló que la organización criminal conocida como la Nueva Familia Michoacana (LNFM) está involucrada en la explotación ilegal de minas para la extracción de mercurio y uranio, sumando estas actividades a su ya amplio historial de delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia.
La información fue dada a conocer por el Departamento del Tesoro estadounidense, como parte del anuncio de nuevas sanciones impuestas a cuatro miembros de alto rango de esta organización, la cual mantiene presencia en los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
Entre los líderes señalados se encuentran Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como «El Pez» y «El Fresa», respectivamente. Ambos figuran en la lista de los más buscados y se ha ofrecido una recompensa de 8 millones de dólares por su captura. Según las autoridades, la LNFM trafica fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense, y utiliza el sistema financiero de ese país para lavar el dinero obtenido de estas actividades.
El Departamento del Tesoro señaló que la organización ha recurrido a tácticas de terror dentro de México, como el uso de drones para lanzar explosivos, además de prácticas sistemáticas de secuestro, asesinato y extorsión contra comunidades locales.
Una de las modalidades que ha identificado el gobierno estadounidense para el blanqueo de capitales es la venta de ropa usada. Adita Hurtado Olascoaga, otra integrante del clan familiar, estaría al frente de esta operación a través de tiendas ubicadas incluso en la región del Valle del Río Bravo.
Por su parte, Ubaldo Hurtado Olascoaga fue señalado como el encargado de supervisar células armadas y coordinar la extracción ilegal de mercurio y uranio. Aunque no se detalló el destino de estos materiales, fuentes castrenses mexicanas han advertido que el mercurio se utiliza en procesos de minería artesanal para amalgamar oro, lo que provoca contaminación de ríos, destrucción de ecosistemas y afecta gravemente a comunidades enteras.
Es la primera vez que el gobierno estadounidense incluye públicamente a otros integrantes de la familia Hurtado Olascoaga en las sanciones internacionales, lo que marca una ampliación en el alcance de las investigaciones y acciones contra este grupo delictivo.
