Omisiones y postulaciones indebidas complican el proceso electoral judicial
Ciudad de México, 17 de febrero de 2025.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado múltiples inconsistencias en las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros entregadas por el Senado de la República. Estas irregularidades incluyen omisiones de información, postulaciones no aceptadas y candidaturas que contravienen disposiciones constitucionales.
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, señaló que, de los 1,417 candidatos propuestos por el Poder Legislativo, se encontraron fechas de nacimiento incorrectas y espacios vacíos en campos destinados a identificaciones oficiales como la CURP y el INE. En el caso de los 1,430 candidatos del Poder Ejecutivo, 13 carecían de correos electrónicos de contacto, y dos no especificaban el circuito o especialidad a la que aspiraban. Además, los 955 candidatos del Poder Judicial no incluían datos de contacto ni identificaciones.
Un caso destacado es el de Lilia Mónica López Benítez, magistrada y consejera de la Judicatura Federal, quien declinó participar en el proceso electoral en noviembre pasado, pero su nombre apareció en la lista como candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, una instancia aún no creada. Situación similar ocurrió con José Alfonso Montalvo Martínez, también consejero de la Judicatura Federal, quien renunció públicamente a su candidatura, pero fue incluido en la lista para el mismo tribunal.
Además, se identificaron casos de personas postuladas para diferentes cargos, lo cual contraviene el artículo 96 de la Constitución que establece que los candidatos pueden ser nominados por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Por ejemplo, Sergio Javier Molina Martínez fue postulado simultáneamente como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estas inconsistencias han generado críticas sobre la falta de rigor en la elaboración y revisión de las listas de candidatos, lo que podría afectar la transparencia y legalidad del proceso electoral judicial en curso.
