A partir de septiembre, los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) del Tribunal Electoral serán más rápidos, pero también más severos, pues ya no contemplarán una instancia de apelación. Las resoluciones se emitirán en un plazo máximo de 72 horas y serán definitivas, sin posibilidad de impugnación por parte de los denunciados.
Este nuevo esquema deriva de la reciente reforma judicial que transforma la forma en que se sancionan conductas irregulares en materia electoral. La medida aplica tanto para partidos políticos como para funcionarios públicos y ciudadanos en general, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Hasta ahora, los acusados en estos procedimientos podían apelar ante la Sala Superior si consideraban injusta una sanción impuesta por la Sala Regional Especializada, que operaba como primera instancia. Sin embargo, con la reforma, dicha sala perderá esa función, eliminando la posibilidad de revisión.
Las consecuencias pueden ir desde amonestaciones públicas y sanciones económicas hasta la inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. Sin la opción de una segunda instancia, las resoluciones quedarán firmes de inmediato.
La Sala Superior ya analiza una propuesta para reforzar sus capacidades de resolución, la cual contempla el nombramiento de seis personas adicionales por magistratura durante lo que resta del año, con el fin de hacer frente a la carga de trabajo y garantizar la emisión de fallos únicos y definitivos en tiempo y forma.
Con esta transformación, el sistema sancionador electoral se agiliza, pero también plantea interrogantes sobre el derecho a la defensa y el debido proceso.
