La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley Aduanera, una iniciativa que busca modernizar los procesos de comercio exterior, fortalecer la recaudación y combatir el contrabando en los puntos fronterizos del país. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tras un periodo de transición que permitirá la adaptación de agentes aduanales y empresas importadoras.
El dictamen, impulsado por legisladores de Morena y respaldado por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue aprobado con 343 votos a favor y 123 en contra. Entre los principales promotores se encuentra el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, representante de Baja California, quien defendió la reforma como un paso clave para “detonar la recaudación y modernizar las aduanas del país, especialmente las de Baja California, para equipararlas a las mejores del mundo”.
“Esta reforma trastorna viejos sistemas, los actualiza, los transparenta y los digitaliza. Con ella, México da un paso hacia la eficiencia aduanera que exigen los tiempos modernos”, afirmó Castro Trenti durante la sesión.
La nueva ley contempla la renovación periódica de patentes de agentes aduanales, la implementación de tecnología de videovigilancia y trazabilidad, y mayores facultades de inspección para la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Además, endurece sanciones por contrabando y subvaluación, prácticas conocidas popularmente como “huachicol fiscal”.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo central es cerrar los espacios de corrupción y evasión fiscal que han afectado la recaudación federal en los últimos años. Sin embargo, sectores empresariales y de comercio exterior advierten que las nuevas medidas podrían incrementar los costos operativos si no se aplican con acompañamiento técnico y gradualidad.
El sector privado de Baja California expresó su respaldo condicionado, señalando que la modernización aduanera es positiva, pero requiere infraestructura tecnológica y coordinación binacional para no afectar la competitividad con Estados Unidos.
Por su parte, la oposición —principalmente el PAN y Movimiento Ciudadano— votó en contra al considerar que la reforma “centraliza el control en el gobierno federal” y “genera incertidumbre en los procesos de exportación e importación”.
Con su entrada en vigor en enero de 2026, el gobierno federal prevé un incremento en la recaudación aduanera, mayor seguridad en el flujo de mercancías y un sistema digitalizado de control fronterizo.
