Este 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha proclamada en 2010 por la Asamblea General de la ONU para visibilizar este crimen, exigir verdad y justicia, y acompañar a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.
En México, el problema permanece latente: 133 mil 64 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En Baja California, la cifra asciende a 4 mil 451 casos. Para las familias, cada número representa una vida suspendida en la incertidumbre.
Una violación grave de derechos humanos
La desaparición forzada es considerada una de las violaciones más graves de los derechos humanos, ya que no solo afecta directamente a las víctimas, sino también a sus familias, comunidades y a la sociedad en su conjunto. Se trata de un delito que priva a la persona de todos sus derechos y la coloca fuera del amparo de la ley, dejando a sus allegados en una angustia permanente entre la esperanza y la desesperación.
La ONU advierte que este crimen, antes asociado principalmente a dictaduras militares, hoy se presenta en contextos de violencia organizada, represión política y hasta en nombre de la lucha contra el terrorismo, con un patrón de impunidad generalizada.
Impacto en familias y comunidades
Los familiares de personas desaparecidas enfrentan no solo la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, sino también consecuencias económicas y sociales: pérdida de sustento, marginación y dificultades legales para acceder a apoyos. En muchos casos, son las mujeres quienes encabezan las búsquedas, enfrentando además intimidación y amenazas.
Asimismo, los niños y niñas resultan víctimas directas e indirectas, ya sea porque desaparecen o porque quedan privados de uno de sus padres, lo que constituye una violación grave a sus derechos fundamentales.
El compromiso internacional
Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establecen que este crimen, cuando se comete de manera sistemática, se considera un crimen de lesa humanidad que no prescribe.
Desde 2011, cada 30 de agosto se recuerda a quienes fueron víctimas de este delito y se reafirma el compromiso internacional por garantizar a las familias el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
