En un acto encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, autoridades realizaron la destrucción de mil 762 armas de fuego aseguradas en Baja California, como parte de las acciones para retirar armamento ilegal de las calles.
La ceremonia se llevó a cabo en el Cuartel General de la Segunda Zona Militar, en la colonia Morelos, donde también se inutilizaron mil 193 cargadores y 46 mil 247 cartuchos de distintos calibres, en presencia de mandos civiles y militares.
Durante el evento, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, afirmó que “Tijuana es el municipio que más armas ha retirado a nivel nacional. Esto es resultado de la coordinación, con la Secretaría de la Defensa Nacional que ha hecho una excelente labor, en conjunto con el Estado y la Federación”.
Por su parte, el coronel José Guadalupe Gómez Salado, comandante del 28 Batallón de Infantería, señaló que estas acciones reflejan el trabajo constante de las instituciones para preservar la paz y fortalecer la seguridad pública, en un contexto donde el retiro de armas sigue siendo una prioridad.
El proceso incluyó una demostración técnica por parte de personal militar, en la que se explicó cómo el armamento es inutilizado de forma definitiva. El capitán primero Ismael Marino García detalló que todo el material destruido fue previamente asegurado en distintos operativos.
Este tipo de ceremonias se ha vuelto recurrente en el estado, en medio de una estrategia enfocada en reducir la violencia vinculada al uso de armas de fuego. En años recientes, Baja California ha figurado entre las entidades con mayores decomisos, lo que refleja tanto la magnitud del problema como la presión de las autoridades por contenerlo.
Al evento también asistieron mandos como Daniel Gallegos Acevedo, comandante de la Segunda Zona Militar; Juan Carlos Vera Minjares, de la Segunda Zona Naval; y David Morales Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional, junto con autoridades estatales, judiciales y municipales.
Aunque la destrucción de armamento representa un paso para limitar su reutilización, el reto continúa en frenar su ingreso y circulación, un tema que sigue marcando la agenda de seguridad en la región.
