La planta desaladora de Playas de Rosarito avanza entre inversión federal y endeudamiento estatal, pero también entre posturas encontradas en el Congreso y cuestionamientos sobre su costo real. Para 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 2 mil 500 millones de pesos para iniciar la obra, una cifra que representa apenas una cuarta parte del monto total estimado, superior a 10 mil millones de pesos.
El proyecto comenzaría después del primer trimestre de 2026, mientras la Comisión Nacional del Agua desarrolla el proceso de licitación. La desaladora tendría una capacidad de 2.2 metros cúbicos por segundo y su construcción podría extenderse alrededor de cuatro años.
De forma paralela, el Congreso de Baja California autorizó al gobierno estatal contratar una deuda por 2 mil 960 millones de pesos para obras complementarias de distribución del agua. El crédito será pagado a 30 años y, con intereses, podría alcanzar un costo total de 9 mil 778 millones de pesos, financiado a través del Impuesto Sobre Nómina. La aprobación se dio con 19 votos a favor y seis en contra, con respaldo de Morena, Partido Verde, Fuerza por México e independientes, mientras PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PRI votaron en contra.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda defendió el esquema actual y aseguró que no habrá impacto en tarifas. “Estamos subsidiando el tema de la tarifa para el pueblo de Baja California, a diferencia a como fue planteado el proyecto de la desaladora durante los gobiernos del PAN, en donde sí, era el ciudadano quien le pagaba al privado por la construcción de la planta.
“Es decir, se privatizaba, prácticamente el agua se convertía en una mercancía que el ciudadano tendría que pagarle al privado, que el gobierno del PAN le iba a dar el agua para construir la planta para que se adueñaran del agua y para que se la cobraran a los ciudadanos los privados.
“En este caso, al ser una planta construida con recursos públicos, por parte del gobierno federal como del gobierno del estado, nosotros estamos garantizando que no haya un impacto en la tarifa ni un estrés tarifario, y mucho menos, un impacto en los bolsillos de los ciudadanos, pero lo más importante es que le estamos garantizando el agua a los bajacalifonianos durante los próximos al menos 30 años.”
Desde la oposición, legisladores del PAN y otros partidos señalaron que el nuevo endeudamiento no está justificado, al considerar que el estado cuenta con ingresos adicionales por el aumento en tarifas de agua y del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. También cuestionaron que el costo del proyecto haya crecido respecto a estimaciones iniciales y advirtieron sobre posibles riesgos si la recaudación se ve afectada por un estancamiento económico o una recesión en Baja California.
La diputada del PT, Yohana Hinojosa Gilvaja, señaló que el monto del crédito aumentó frente a lo anunciado originalmente. Por su parte, legisladores del PAN indicaron que propusieron incluir en el dictamen la prohibición de incrementar tarifas de agua durante 30 años, propuesta que no prosperó. En contraste, diputados de Morena sostuvieron que la desaladora evitará esquemas de privatización y garantizará el abasto para la zona costa.
El debate revive antecedentes de financiamientos previos para infraestructura hídrica en la entidad. En distintas administraciones se ha recurrido al crédito para enfrentar la presión sobre el suministro, especialmente en Tijuana y Ensenada, ciudades con crecimiento acelerado y dependencia parcial de fuentes externas como el Río Colorado. La diferencia ahora radica en la combinación de recursos federales y deuda estatal, en un proyecto que compromete recursos públicos a largo plazo.
Mientras se define la licitación federal, el gobierno estatal proyecta avanzar en las obras de distribución que llevarán el agua desalada a Tijuana y otros municipios de la costa.
La desaladora se perfila como una de las apuestas hidráulicas más relevantes para la región en las próximas décadas, pero también como un tema que seguirá bajo escrutinio por su impacto financiero y social.
