La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció la relevancia de reforzar el marco legal contra el lavado de dinero, pero advirtió que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) debe ser equilibrada y no poner en riesgo la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Roberto Vega, presidente de Coparmex Tijuana, señaló que aunque es prioritario garantizar la transparencia financiera y cumplir con estándares internacionales, la minuta recibida por la Cámara de Diputados plantea una sobrerregulación que podría afectar gravemente al sector productivo, particularmente a las MiPyMEs, que representan el 99% de la economía nacional.
“Nuestra principal preocupación es el incremento en las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Se exige a las empresas conocer a fondo a todos sus clientes, incluso recabar información detallada sobre los beneficiarios en el caso de personas morales”, explicó.
Además, la reforma contempla una ampliación en la fiscalización de operaciones por parte del SAT, obliga a monitorear transacciones y mantiene restricciones en el uso de efectivo, algo que —según Vega— no toma en cuenta la realidad de una gran parte de la población aún no bancarizada.
Implementar estas nuevas disposiciones implicaría fuertes inversiones en infraestructura tecnológica, capacitación constante y servicios externos, costos difíciles de asumir para muchos negocios pequeños. También alertó sobre las sanciones contempladas, que podrían superar los 7.3 millones de pesos o equivaler al 100% del valor de la operación, además de abrir la puerta a sanciones penales automáticas al eliminar la necesidad de demostrar dolo.
“Entendemos la necesidad de preservar la integridad financiera del país, pero cualquier reforma debe ser gradual, técnicamente acompañada y sensible al entorno económico actual. Muchas unidades todavía no cumplen totalmente con la legislación vigente, y una carga regulatoria excesiva podría fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios”, advirtió.
Ante este panorama, Coparmex hizo un llamado a los legisladores a revisar la propuesta con base en el diálogo y la evidencia, y propuso un modelo regulatorio proporcional, escalonado y con incentivos para facilitar su cumplimiento, sobre todo para las MiPyMEs.
“Compartimos el objetivo de combatir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial. México necesita instituciones sólidas, reglas claras y una regulación inteligente que no frene el desarrollo ni castigue a quienes generan empleo”, concluyó Vega.
