El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana expresó su preocupación ante la iniciativa que plantea reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al considerar que esta medida podría afectar negativamente la economía, el empleo formal y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana, señaló que la propuesta llega en un momento económico complicado, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional apenas del 0.02% y una desaceleración en la generación de empleo formal, como lo reflejan las cifras recientes del IMSS.
“Reducir la jornada laboral en este contexto podría generar más desempleo y afectar a la economía local”, advirtió Lyle Fritch.
Entre las consecuencias previstas, el dirigente destacó que el costo laboral se incrementaría debido a la necesidad de contratar más personal para cubrir las horas menos trabajadas por empleado. Este impacto sería especialmente difícil para las MiPymes, que representan el 98% de las empresas en Baja California y el país.
Además, advirtió que la reforma podría impulsar la informalidad laboral, pues muchas empresas que no puedan asumir los costos adicionales optarían por operar fuera de la ley, afectando tanto a los trabajadores como a la recaudación fiscal estatal.
“El incremento en la informalidad es preocupante. Según el INEGI, la tasa pasó del 42.2% en 2024 al 52.2% en los primeros meses de 2025, un aumento de 10 puntos porcentuales”, puntualizó.
También mencionó que los costos de producción se elevarían, lo que podría traducirse en aumentos de precios y una mayor inflación, afectando el poder adquisitivo de la población. En Baja California, la inflación se mantiene alta, actualmente en 5.97%, una de las más elevadas del país.
El presidente del CCE recordó que el estado ya enfrenta retos como un salario mínimo 50% superior al promedio nacional y un impuesto sobre nómina del 4.25%, que supera en 50% la media nacional, limitando la capacidad de maniobra de las empresas.
Ante esta situación, el Consejo propone que, en caso de aprobarse la reducción de jornada, el gobierno implemente medidas para mitigar el impacto, tales como reducir gradualmente el impuesto sobre nómina al 2% durante la transición y permitir la deducibilidad total de prestaciones como bonos, vales y horas extras, para proteger el empleo formal y la competitividad empresarial.
