La medida busca fortalecer la defensa legal contra las políticas de la administración Trump y brindar apoyo a inmigrantes en riesgo de deportación.
Sacramento, California, 8 de febrero de 2025 — El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó leyes que asignan $50 millones para proteger las políticas progresistas del estado frente a los desafíos de la administración Trump y brindar apoyo legal a inmigrantes que enfrentan posibles deportaciones.
La legislación distribuye los fondos en dos partidas de $25 millones cada una: la primera, destinada al Departamento de Justicia de California para enfrentar batallas legales contra el gobierno federal; la segunda, dirigida a organizaciones legales que asisten a inmigrantes en procesos de deportación.
Durante el primer mandato de Trump, California presentó más de 100 acciones legales contra su administración, abordando temas como leyes climáticas, políticas hídricas y derechos de los inmigrantes. Estas disputas han resurgido con fuerza en el inicio de su segundo mandato.
El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, expresó: «Los californianos están siendo amenazados por una administración descontrolada que no respeta la Constitución y cree que no tiene límites en su poder».
La aprobación de estos fondos se produce tras el regreso de Newsom de Washington, donde se reunió con el presidente Trump y miembros del Congreso para asegurar ayuda federal por los recientes incendios en el área de Los Ángeles, que causaron más de dos docenas de muertes.
Sin embargo, algunos legisladores republicanos han criticado la asignación de estos recursos, argumentando que distrae de problemas urgentes como la recuperación de los incendios forestales y el alto costo de vida en el estado. El líder de la minoría del Senado, Brian Jones, afirmó: «Este fondo no se trata de resolver problemas reales, es una maniobra política diseñada para distraer de los problemas urgentes que enfrenta nuestro estado y no beneficiará a las víctimas de los incendios».
Newsom aclaró que los fondos no están destinados a defender a inmigrantes con condenas por delitos graves y sugirió que, si es necesario, se promulgará legislación adicional para aclarar este punto. En un comunicado, señaló que la financiación ayudará a los grupos legales a «salvaguardar los derechos civiles de los residentes más vulnerables de California».
Esta iniciativa refleja el compromiso continuo de California de resistir las políticas federales que considera perjudiciales para sus residentes y de proteger a las comunidades inmigrantes en el estado.
