La iniciativa ciudadana para tipificar el delito de cohabitación forzada en Baja California dio un paso importante en el proceso legislativo. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el dictamen que propone incluir esta conducta dentro del Código Penal estatal.
El anuncio fue dado a conocer por la Red de Mujeres Unidas por Baja California, organización que ha impulsado la propuesta con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas relacionadas con el matrimonio infantil y otras formas de violencia y explotación.
Durante la discusión del dictamen en la comisión legislativa, uno de los temas que generó mayor atención fue el alcance de la imprescriptibilidad del delito, debido a que se trata de conductas consideradas violencia sexual contra personas menores de edad. En el debate se reconoció que muchas víctimas enfrentan obstáculos que retrasan o dificultan la denuncia, lo que puede impedir que los casos se investiguen a tiempo.
La propuesta forma parte de iniciativas impulsadas desde la sociedad civil para reforzar el marco legal de protección a la niñez, en un contexto donde organizaciones y especialistas han señalado la necesidad de cerrar vacíos legales frente a prácticas que vulneran los derechos de menores de edad.
Aunque el dictamen ya fue avalado en comisión, el proceso legislativo aún no concluye. El documento deberá ser presentado y votado ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, instancia donde se determinará si la reforma se aprueba de manera definitiva.
La Red de Mujeres Unidas por Baja California hizo un llamado a las y los diputados para respaldar la iniciativa, al considerar que esta reforma permitiría fortalecer la protección legal de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
El tema de los matrimonios infantiles y uniones tempranas ha sido motivo de debate en distintas entidades del país durante los últimos años. Diversas organizaciones han señalado que estas prácticas pueden derivar en situaciones de violencia, abandono escolar y vulneración de derechos, por lo que la discusión legislativa busca establecer mecanismos más claros para prevenirlas y sancionarlas.
