Con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, Baja California consolida su compromiso en proyectos de agua y saneamiento, informó Víctor Daniel Amador Barragán, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA). Este logro se dio a conocer durante la Glosa del Tercer Informe de Resultados de la administración encabezada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El funcionario, ante la comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, presidida por la diputada Adriana Padilla Mendoza, destacó que los recursos se han canalizado a proyectos clave en agua potable, alcantarillado y saneamiento, implementados por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y los organismos operadores municipales.
Entre las obras más relevantes figura la modernización del Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT) con tecnología de punta y la rehabilitación de pozos profundos. Asimismo, se logró aumentar la capacidad de almacenamiento de la Presa Las Auras, de 2.1 millones de metros cúbicos en 2023 a 2.8 millones en 2024, con el objetivo de garantizar el suministro en la región y eliminar los cortes programados.
La rehabilitación de plantas de tratamiento en varios municipios también ha sido prioritaria. Plantas como El Naranjo y El Sauzal en Ensenada, Las Arenitas en Mexicali y Rosarito Norte en Playas de Rosarito, han sido acondicionadas para un funcionamiento eficiente. Además, en Tijuana se construye una planta en San Antonio de los Buenos con una inversión de 600 millones de pesos, capaz de tratar hasta 800 litros por segundo, resolviendo problemáticas de descargas al océano.
Esta obra forma parte de los acuerdos binacionales establecidos en el Acta 328 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), enfocados en mitigar los flujos transfronterizos y sanear el río Tijuana.
En materia social, SEPROA ha promovido la participación ciudadana a través del Consejo Consultivo para el Fomento del Cuidado del Agua, que incluye a instituciones educativas, organismos civiles y el sector privado. Además, se implementaron decretos de condonación de pagos que beneficiaron a más de 285 mil personas.
“Estas acciones representan un parteaguas en la gestión hídrica del estado, marcando un precedente para garantizar el acceso al agua en Baja California”, concluyó Amador Barragán.
