La obsolescencia legislativa y el uso ineficiente del recurso agravan la situación en la región
La gestión del agua se ha convertido en un desafío crítico para Baja California y México en general. El uso ineficiente del recurso y la falta de una legislación actualizada intensifican la crisis hídrica en diversas áreas del país. José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C. (CIGAMX), enfatizó la urgencia de reformar la Ley Nacional de Aguas y de implementar estrategias que promuevan el ahorro, la reutilización y el tratamiento adecuado del agua.
Zavala destacó que la legislación actual ha quedado desfasada y requiere una modernización que se ajuste a las necesidades contemporáneas. En Baja California, entre el 70% y el 80% del agua se destina a la agricultura, posicionando a este sector como clave en la gestión del recurso. No obstante, el estado enfrenta un reto particular: el suministro depende del Río Colorado y requiere un complejo sistema de bombeo que incrementa los costos energéticos.
En urbes como Tijuana, el abastecimiento de agua es incierto. La cuota asignada para la zona urbana, aproximadamente entre 80 y 90 millones de metros cúbicos, resulta insuficiente, obligando a la adquisición de agua adicional en un mercado que necesita una regulación urgente. Además, el traslado del agua a través de la montaña de la Rumorosa implica altos costos y un desgaste significativo en la infraestructura, con riesgos considerables al depender de una única línea de suministro.
«La gestión del agua en Tijuana es un proceso incierto año con año. Transportarla hasta la ciudad implica un alto consumo de energía, especialmente debido al bombeo necesario para atravesar la montaña de la Rumorosa. A pesar de este esfuerzo y costo, el agua se utiliza una sola vez, en ocasiones se trata de manera adecuada, pero finalmente se desecha sin un sistema eficiente de reutilización», señaló Zavala Álvarez.
El experto también subrayó que uno de los principales obstáculos para una gestión eficiente del agua es el deficiente mantenimiento de la infraestructura hídrica. Las redes de distribución presentan fugas considerables, lo que representa una pérdida constante de agua potable. Invertir en nuevas fuentes de abastecimiento, como la planta de ósmosis inversa en Rosarito, sin antes reparar las fugas, sería equivalente a verter agua en un balde roto.
Actualmente, aunque parte del agua utilizada se trata en algunas plantas, no se reincorpora de manera eficiente a los sistemas urbanos o agrícolas. Un modelo de economía circular permitiría aprovechar mejor este recurso, reduciendo la demanda de nuevas fuentes de agua.
«No tenemos un sistema integrado que reconozca, que implemente la economía circular, para que no solo tratemos el agua, sino también hagamos el tratamiento y, además, tengamos un sistema de reuso», añadió Zavala.
En el contexto de los foros nacionales sobre la Ley General de Aguas, Baja California ha experimentado retrasos en las discusiones. La oposición de algunos sectores agrícolas del Valle de Mexicali pospuso los debates, aunque finalmente se retomaron con el objetivo de contribuir a un modelo de gestión del agua más sostenible.
Zavala Álvarez enfatizó la necesidad de priorizar acciones en un orden lógico: primero, reparar las fugas y mejorar la infraestructura; posteriormente, considerar la inversión en nuevas fuentes de abastecimiento. Solo mediante una gestión eficiente y una legislación adecuada se podrá garantizar la disponibilidad de agua para las futuras generaciones en Baja California.
