El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado durante un atentado armado en pleno centro histórico de la ciudad, mientras participaba en las celebraciones del Festival de Velas del Día de Muertos.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque y uno de los agresores fue abatido. “Este crimen no quedará impune”, afirmó el comunicado oficial, que confirmó el fallecimiento del edil y el despliegue de operativos de seguridad en toda la región.
El ataque ocurrió frente a decenas de familias que disfrutaban del festival. Testigos relataron que los agresores dispararon directamente contra el alcalde, provocando pánico y caos en cuestión de segundos. La escolta de Manzo repelió la agresión, pero el edil fue alcanzado por los disparos y murió poco después.
Carlos Manzo, militante de Morena, había denunciado amenazas de muerte meses antes, señalando que su lucha contra el crimen organizado le había traído represalias. En abril pasado, el helicóptero en el que viajaba fue atacado a balazos, aunque en esa ocasión resultó ileso. “No tengo miedo, solo compromiso con la gente”, declaró entonces ante medios locales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla condenó el asesinato y aseguró que no habrá impunidad. “La violencia no puede doblegar a las instituciones”, escribió en redes sociales. Sin embargo, la ejecución del alcalde ha reavivado el debate sobre la inseguridad que enfrentan los funcionarios locales en Michoacán y otras zonas del país.
El asesinato de Carlos Manzo refleja la vulnerabilidad del poder local frente al crimen organizado. En regiones como Michoacán, los alcaldes viven bajo amenaza constante, obligados a elegir entre resistir o pactar. Manzo optó por resistir, y su muerte deja un vacío político y un mensaje que trasciende fronteras: gobernar sin miedo cuesta la vida.
Desde finales de 2024, Manzo había reportado intimidaciones constantes, ataques a su personal de seguridad y llamadas anónimas. En entrevistas recientes, reconocía la tensión diaria de su cargo, afirmando que “Uruapan no puede seguir siendo rehén del miedo”.
Pese a ello, mantuvo su agenda de reordenamiento policial y recuperación de espacios públicos, medidas que —según analistas locales— afectaban intereses criminales en la región.
Hoy, su asesinato se suma a una larga lista de funcionarios michoacanos asesinados en los últimos años, evidenciando el profundo deterioro de la seguridad pública y la fragilidad de la política local frente a la violencia.
En Uruapan, donde las velas aún arden por el Día de Muertos, la gente también enciende una más: por el alcalde que no se rindió.
