La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno haya filtrado documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los ingresos del senador Adán Augusto López Hernández y aseguró que, de existir pruebas en su contra, se procederá conforme a la ley.
“Nosotros no filtramos documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior porque no somos iguales”, afirmó durante su conferencia matutina de este lunes 29 de septiembre. Agregó que su administración no recurre a “insidias” ni a “fuego amigo”, y subrayó: “Aquí no cubrimos a nadie, si se encuentra algo contra alguien se presenta la denuncia”.
Las declaraciones se dan tras la investigación de N+ que reveló que López Hernández habría recibido entre 2023 y 2024 un total de 79 millones de pesos de empresas privadas, una de ellas señalada como “fantasma” sin reportarlos en su declaración patrimonial.
Ante ello, el exsecretario de Gobernación rechazó las acusaciones y acusó al medio de “mentir”. En conferencia de prensa desde el Senado, sostuvo que todos sus ingresos están declarados y que se derivan de su actividad como abogado y prestador de servicios profesionales.
El senador detalló que en 2023 reportó ingresos por 22 millones 626 mil pesos, por los que pagó 158 mil 900 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2024, dijo, percibió 24 millones 539 mil pesos, con una contribución de un millón 337 mil pesos en impuestos.
También explicó que parte de los recursos corresponden a transferencias producto de una herencia de su padre en Estados Unidos y negó conflicto de interés con la Operadora Turística Rabatte, de la cual recibió 11.5 millones de pesos pese a que la empresa obtuvo contratos por adjudicación directa durante su gestión como gobernador de Tabasco.
“No hay ningún delito, a mí me pagaron por servicios profesionales. No tengo de qué avergonzarme, son ingresos lícitos que forman parte de mi actividad profesional”, sostuvo López Hernández.
Sheinbaum reiteró que hasta el momento no existe investigación formal contra el legislador, pero insistió en que cualquier irregularidad detectada será turnada a las instancias correspondientes, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).
