El caso de Daysi, niña indígena que dio a luz en Chiapas tras una situación de violencia que no fue prevenible ni sancionada a tiempo por las autoridades, volvió a encender la discusión nacional sobre la cohabitación forzada y las uniones tempranas de niñas y adolescentes. Organizaciones civiles advierten que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica que persiste en distintas regiones del país.
La Red de Mujeres Unidas por Baja California y la Fundación Eufrosina Cruz señalaron que este caso refleja una violencia estructural que continúa sin sanción efectiva. Ambas agrupaciones han impulsado reformas para garantizar protección real a niñas y adolescentes frente a relaciones impuestas.
A nivel nacional, la Fundación Eufrosina Cruz ha promovido que el combate a la cohabitación forzada sea tratado como un asunto prioritario de derechos humanos. En Baja California, la discusión tomó forma el 15 de octubre de 2025, cuando la Red de Mujeres Unidas presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado, respaldada por diversas organizaciones civiles.
Entre los colectivos que acompañaron la propuesta se encuentran Fundación Eufrosina Cruz, Karla’s Sembradoras de Amor, Colectivo CESODI, Yeuani, Mujeres por Mujeres, Alianza de Mujeres, Gente Diversa, Marie Stopes México, Red Mundial de Jóvenes Políticos y SUCOMM, entre otras agrupaciones defensoras de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Las cifras en Baja California muestran que la problemática no es ajena a la entidad. En 2023 se registraron 5,153 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 19 años. Tijuana concentró 2,586 casos y Mexicali 1,325, mientras que municipios como San Quintín y Ensenada presentan condiciones de vulnerabilidad asociadas a pobreza, migración y exclusión social.
Datos del Censo 2020 del INEGI indican que 2.4 % de las mujeres de 12 a 17 años en Baja California ya vivían casadas o unidas, lo que revela que miles de niñas continúan en relaciones de tipo conyugal sin contar con edad ni consentimiento pleno. Estas condiciones suelen derivar en maternidades impuestas, abandono escolar y dependencia económica prolongada.
Las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Congreso local para discutir y dictaminar la iniciativa ciudadana, tipificar la cohabitación forzada como delito y reconocer que estas prácticas no pueden justificarse como usos y costumbres. Insisten en que el interés superior de la niñez debe colocarse en el centro de la agenda legislativa.
“Daysi tiene nombre y rostro. Las niñas de Baja California también”, expresaron las agrupaciones, al advertir que la diferencia radica en si las autoridades actúan de manera inmediata o permiten que la violencia continúe normalizada.
